En toda democracia, la narrativa gubernamental da sentido a las decisiones públicas y comunica sus resultados. Sin embargo, en contextos complejos como el mexicano, esa narrativa convive inevitablemente con otra dimensión igual de relevante: la evidencia. El contraste entre ambas no debe entenderse como una confrontación, sino como una oportunidad para fortalecer la acción pública.
Nuestro diagnóstico reciente sobre el sistema de justicia penal, por ejemplo, ilustra con claridad este punto. La persistencia de altos niveles de impunidad, los cuellos de botella en el tránsito de los casos y el rezago institucional muestran que los desafíos son estructurales y requieren respuestas integrales. Al mismo tiempo, nuestro análisis no se limita a describir problemas: ofrece rutas concretas de mejora, desde la articulación entre policías y fiscalías hasta el uso más amplio de mecanismos alternativos de solución de controversias.
En este contexto, la disposición mostrada por autoridades de distintos niveles de gobierno para participar en los espacios de diálogo y análisis que hemos celebrado en estos días es una señal alentadora. Su presencia en estos encuentros refleja una apertura que vale la pena reconocer y profundizar: la de construir políticas públicas a partir de evidencia, intercambio técnico y colaboración con la sociedad civil.
La evidencia no sustituye a la política, pero sí la orienta y fortalece. El reto no es elegir entre narrativa y datos, sino hacer de la evidencia un insumo central para la toma de decisiones.
