Hace un año, en marzo de 2025, se aseguró en Tampico el buque Challenge Procyon, con lo que quedó al descubierto una extensa red de contrabando de combustible que gozaba de la protección de mandos de la Marina. Documentos obtenidos por MCCI dan una aproximación al tamaño del desfalco: tan sólo una empresa huachicolera que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco evadió impuestos por 29 mil millones de pesos, que equivale a cuatro veces La Estafa Maestra y dos veces el desfalco en Segalmex.
Marlaya SA de CV, una empresa “fantasma” vinculada con la red de contrabando de combustible descubierta hace un año en Tampico, defraudó al fisco con más de 29 mil millones de pesos, monto que equivale al valor de construcción de 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
Esta única empresa es responsable de un daño a la hacienda pública dos veces más grande que el caso de Segalmex durante el sexenio de López Obrador y 4 veces más que La Estafa Maestra, con Peña Nieto.
La resolución que determinó el monto del desfalco fue expedida el pasado 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco.
La empresa fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social tan amplio que podía utilizarse para facturar la venta de cualquier tipo de servicios y productos.
El 20 de mayo de 2025, en su participación en la conferencia mañanera, el entonces titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, afirmó que Mefra Fletes y los hermanos Murguía Santiago estaban vinculados al Cártel Jalisco.
“El expresidente municipal de Teuchitlán -que está ya procesado y en la cárcel-, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, para mover ese combustible (de contrabando), y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Ulloa Temblador ha sido también representante legal de Dalcrise SA de CV, empresa que tiene participación accionaria en Impulsora de Productos Sustentables (IPS), otra firma acusada por huachicol fiscal, en particular en el caso del buque Atlantic Bay, que según la acusación de la FGR introdujo de contrabando 21.5 millones de litros de diésel por el puerto de Tuxpan en octubre de 2019.
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