El expresidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los mexicanos a realizar depósitos en una cuenta de Banorte con el fin de auxiliar al pueblo de Cuba. La iniciativa, presentada como gesto de solidaridad humanitaria, ha reavivado cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de recursos colectados a través de instituciones privadas.
Desde 2007, López Obrador ha recurrido a Banorte para diversas campañas de recaudación. En esta ocasión, la apertura de la nueva cuenta y la autorización de la asociación civil responsable se concretaron en un plazo inusualmente breve, lo que ha generado interpretaciones encontradas. Mientras algunos analistas lo atribuyen a eficiencia administrativa, otros advierten que la celeridad podría interpretarse como trato preferencial.
El historial del banco en operaciones impulsadas por el exmandatario incluye precedentes controvertidos. En el fideicomiso destinado a las víctimas del terremoto de 2017, autoridades detectaron irregularidades que derivaron en sanciones oficiales. Además, un video difundido en su momento mostró a colaboradores cercanos realizando movimientos en efectivo, hechos que entonces alimentaron dudas sobre los controles aplicados a las donaciones.
Ante este panorama, surgen posturas divergentes. Para sus simpatizantes, la colecta representa un acto legítimo de apoyo internacional ante la crisis que atraviesa Cuba, donde la escasez de medicamentos y alimentos es pública. Argumentan que el canal privado evita burocracia gubernamental y permite una respuesta más ágil, destacando que Banorte cumple con regulaciones bancarias vigentes.
En contraste, voces críticas cuestionan la elección reiterada de la misma institución pese a antecedentes sancionados. Señalan que la rapidez en la autorización de la cuenta y la asociación civil contrasta con los tiempos habituales de revisión por parte de autoridades financieras, lo que invita a indagar posibles vínculos o facilidades indebidas. Analistas independientes plantean si se han implementado mecanismos suficientes de supervisión para garantizar que cada peso llegue efectivamente a su destino y no se repitan opacidades pasadas.
El debate trasciende lo operativo. Algunos observadores consideran que iniciativas de este tipo, impulsadas por figuras políticas de alto perfil, deben someterse a escrutinio público mayor para preservar la confianza ciudadana. Otros sostienen que limitar canales de ayuda humanitaria por recelos políticos perjudica directamente a las poblaciones receptoras.
En términos analíticos, el caso ilustra tensiones recurrentes entre la voluntad de cooperación internacional y la exigencia de responsabilidad en el uso de fondos públicos o semipúblicos. La ausencia de un mecanismo único de fiscalización independiente en colectas privadas deja expuestas áreas grises que, en contextos de polarización, se convierten en foco de especulación.
Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales contra la nueva cuenta, pero el historial previo eleva la expectativa de vigilancia por parte de organismos reguladores. La sociedad mexicana, habituada a estos episodios, observa con atención si esta vez prevalecerán criterios estrictos de rendición de cuentas o si, nuevamente, la celeridad primará sobre la cautela.
El episodio deja una lección clara: cuando se mezclan liderazgo político, instituciones financieras y ayuda internacional, la percepción de imparcialidad resulta tan relevante como la entrega efectiva de los recursos.
