En las redes anda volando el tema del proyecto del magistrado Felipe de la Mata en el TEPJF. El asunto es que propone revocar una sentencia de la Sala Regional Guadalajara que usaba capturas de un chat de WhatsApp privado como prueba para acusar de violencia política de género a una ciudadana, Emma Zermeño, por comentarios sobre la diputada con licencia Almendra Negrete. El magistrado dice que esas conversaciones están protegidas por la inviolabilidad de las comunicaciones, que es un derecho constitucional, y que no valen como evidencia si las sacan sin autorización o las aporta un tercero ajeno.
Esto pasa al pleno para votación, pero ya se ve el efecto: la presión mediática y los comentarios en redes hicieron que se reconsiderara. En X, por ejemplo, usuarios como @ErnestoGuerra_ celebran que “recula el magistrado” y que “se hace justicia”, mencionando que la presión pública sirvió para defender la privacidad. Otros posts hablan de que el proyecto original se retiró o ajustó, y hay quienes ven en esto un freno a que la violencia política se use como pretexto para censurar opiniones privadas.
Claro, no todo está confirmado al cien. Circulan versiones de que el magistrado presentó un nuevo proyecto revocando la sanción, argumentando un “estándar reforzado” para chats en procesos electorales. En foros y comentarios, la gente dice cosas como “por fin defienden la intimidad, no todo lo que se chatea es para castigar” o “la presión en redes obligó a corregir, porque abrir esa puerta era peligroso para cualquiera”. Hay quienes sospechan que sin el revuelo en medios y redes, el asunto se quedaba en revocar la sanción local y punto.
Otros usuarios advierten que esto no resuelve todo: la violencia de género en política sigue siendo grave, pero usar chats privados filtrados podría volverse un arma de doble filo para callar críticas. Rumores dicen que la diputada Negrete y su equipo no se quedarán quietos, y que podría haber más impugnaciones o presión desde Morena.
Lo que sí se ve en los comentarios es alivio general: “Menos mal que no se puede usar WhatsApp para perseguir opiniones”, “la privacidad no es negociable” o “la presión mediática funcionó, evitó censura disfrazada”. Algunas versiones no confirmadas sugieren que este caso podría sentar jurisprudencia para evitar abusos futuros en denuncias de violencia política.
Al final, mientras el pleno vota, las redes siguen calientes con el debate: ¿privacidad absoluta o protección real contra violencia? Por ahora, el proyecto de De la Mata inclina la balanza hacia no usar chats privados como garrote electoral. Veremos qué resuelve el pleno, pero el ruido en redes ya empujó el cambio.
