La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades significativas en las Cuentas Públicas de 2023 y 2024, centradas en los megaproyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según los informes, estos proyectos concentran cerca del 70% del presunto daño patrimonial al erario, con un monto pendiente de aclaración que asciende a 57 mil 802.6 millones de pesos. Esta cifra surge de observaciones en obras de infraestructura como el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, proyectos hidráulicos y carreteras, donde se detectaron deficiencias en control administrativo, cambios no avalados en diseños y posibles desvíos en el gasto federalizado.
En detalle, el Tren Maya emerge como el foco principal de anomalías. Para la Cuenta Pública 2023, la ASF emitió 20 pliegos de observaciones relacionados con este proyecto ferroviario, destacando alteraciones al trazo original sin evaluaciones de impacto ambiental actualizadas y montos millonarios pendientes de justificar. En 2024, las irregularidades totales detectadas por la ASF en el gasto público suman entre 5 mil 161 y 6 mil 969 millones de pesos, con énfasis en sectores como salud, educación e infraestructura social, aunque una porción sustancial se vincula a estos megaproyectos. De estos, solo una fracción ha sido recuperada, dejando pendiente la mayor parte para aclaraciones por parte de las entidades auditadas.
Estas revelaciones invitan a debatir sobre la eficacia en la gestión de recursos públicos. Por un lado, defensores del anterior gobierno argumentan que los megaproyectos representan inversiones estratégicas para el desarrollo nacional, impulsando conectividad y empleo en regiones marginadas. Sostienen que muchas observaciones son administrativas y no evidencian corrupción, sino complejidades inherentes a obras de gran escala, y que el monto pendiente de aclaración podría resolverse con documentación adicional. En contraste, críticos opositores ven en estos hallazgos indicios de opacidad y mala planeación, calificándolos como «caprichos» que priorizaron agendas políticas sobre viabilidad económica y ambiental. Voces como la del empresario Ricardo Salinas Pliego han calificado el periodo como marcado por «ineptitud y corrupción», amplificando la polémica al sugerir desvíos sistemáticos.
El análisis imparcial resalta un patrón histórico en México: las auditorías frecuentemente detectan irregularidades, pero la impunidad persiste debido a lentos procesos judiciales y falta de seguimiento efectivo. En este caso, aunque la ASF ha recuperado montos menores, como mil 146 millones en 2024, el 89% de las anomalías se concentra en estados gobernados por aliados del oficialismo, lo que genera cuestionamientos sobre la independencia en la rendición de cuentas. Esta dinámica alimenta controversias sobre si los beneficios de estos proyectos —como la modernización ferroviaria— justifican los riesgos fiscales, especialmente en un contexto de deuda pública creciente.
En suma, los informes de la ASF subrayan la necesidad de mayor transparencia en la ejecución de obras públicas, independientemente del signo político. Sin mecanismos más robustos para sancionar irregularidades, el debate sobre responsabilidad persistirá, afectando la confianza en instituciones fiscales. Este escenario invita a reflexionar sobre reformas que garanticen no solo detección, sino consecuencias efectivas, para evitar repeticiones en futuras administraciones.
