En febrero de 2026, la diputada federal Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para declarar el 14 de septiembre como el «Día del Legislador en México». La propuesta busca reconocer la labor del Poder Legislativo como garante de la soberanía popular, vinculando la fecha al Congreso de Chilpancingo convocado por José María Morelos y Pavón en 1813. Según la legisladora, esta conmemoración honraría no solo a los representantes, sino al pueblo que ellos representan, destacando que otras funciones públicas ya cuentan con días oficiales. El proyecto ha sido turnado a comisiones para su análisis, en un contexto donde el Congreso enfrenta desafíos como reformas pendientes y tensiones internas.
La iniciativa resalta el rol histórico y constitucional de los legisladores en la construcción democrática. Partidarios argumentan que fortalece la identidad institucional, promoviendo el respeto por el proceso legislativo en un país con una tradición independentista. En sesiones parlamentarias, se ha enfatizado que tal reconocimiento podría elevar la percepción pública del Congreso, alineándose con principios de representación y equidad. Esta visión invita a considerar el día como un espacio para reflexionar sobre avances en derechos humanos, federalismo y relaciones exteriores, áreas en las que Osorio Ferral participa como secretaria de comisiones.
Sin embargo, críticos cuestionan la pertinencia de esta medida ante la baja confianza ciudadana en los legisladores. Encuestas recientes revelan un panorama desalentador: según el Latinobarómetro 2024, solo el 30 por ciento de los mexicanos confía en los partidos políticos, mientras que datos del INEGI de 2023 indican que las cámaras de diputados y senadores apenas alcanzan un 34.5 por ciento de aprobación. Una encuesta nacional de Polls MX en noviembre de 2025 confirma que partidos, Congreso y Poder Judicial son las instituciones con menor credibilidad, con siete de cada diez mexicanos expresando desconfianza. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados reporta que el 72 por ciento de la población no se siente representada por los senadores, y el 73 por ciento por los diputados locales, atribuyendo esto a percepciones de falta de responsabilidad y desconexión con problemas cotidianos como pobreza y seguridad.
Esta disparidad genera polémica: ¿representa la propuesta un autohomenaje innecesario en tiempos de crisis económica y social? Detractores señalan que, en lugar de conmemoraciones, el Congreso debería priorizar reformas que mejoren la transparencia y la eficiencia, evitando gastos en eventos festivos que podrían interpretarse como derroche. Opiniones en redes sociales, como las publicadas en plataformas como X, amplifican el debate: usuarios cuestionan si los legisladores «se lo merecen» dada la productividad limitada y escándalos recientes. Por otro lado, defensores replican que ignorar el rol legislativo perpetúa el descrédito, proponiendo que el día incluya foros públicos para rendir cuentas.
El episodio subraya tensiones entre simbolismo institucional y demandas ciudadanas de responsabilidad. Si se aprueba, podría convertirse en un catalizador para diálogos sobre la legitimidad del Congreso, o bien, en un punto de fricción que profundice la brecha entre representantes y representados. El desenlace dependerá de cómo las comisiones equilibren tradición histórica con realidades contemporáneas.
