En febrero de 2026, diputados locales del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunciaron la donación de un día de su dieta mensual para apoyar ayuda humanitaria a Cuba. Esta medida, equivalente a aproximadamente 2,400 pesos por legislador, se destinará a la recolección de víveres, medicinas y otros insumos esenciales, en medio de una campaña impulsada por el partido para solidarizarse con la isla caribeña. El anuncio coincide con tensiones internacionales, como aranceles impuestos por Estados Unidos que afectan esquemas de cooperación energética con Cuba, exacerbando su crisis económica y humanitaria.
El contexto revela una relación histórica entre México y Cuba, fortalecida durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y continuada bajo Claudia Sheinbaum. Morena ha elogiado repetidamente el modelo cubano, destacando su sistema de salud universal y logros educativos como ejemplos de resistencia ante el bloqueo económico estadounidense, vigente desde 1962. Sin embargo, la crisis actual en Cuba —marcada por escasez de alimentos, combustible y cortes energéticos— ha sido atribuida por algunos analistas a factores internos, como ineficiencias en la planificación centralizada y dependencia de aliados externos. La interrupción de suministros petroleros venezolanos, agravada por sanciones internacionales durante la era Trump y posteriores, expuso vulnerabilidades que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha enfrentado con protestas civiles y llamados a la resiliencia revolucionaria.
Desde la óptica del partido oficial, esta donación representa un gesto de solidaridad antiimperialista. Partidarios de Morena argumentan que el gesto responde a principios de soberanía y cooperación entre naciones del sur global, alineados con la política exterior mexicana de no intervención. Líderes como Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, han enfatizado que sanciones como las aranceles energéticos no afectan gobiernos, sino pueblos, profundizando daños humanitarios. Esta postura invita a ver la ayuda como un contrapeso ético al intervencionismo, fomentando diálogos regionales para la paz.
Por otro lado, críticos cuestionan la coherencia de esta iniciativa. Si el sistema cubano es tan robusto como lo describen sus defensores —con avances en salud y educación que presumen autosuficiencia—, ¿por qué requiere donaciones externas recurrentes? Detractores señalan que la crisis revela fallas estructurales en el modelo socialista, donde la «revolución» se prioriza sobre reformas económicas que podrían mitigar la dependencia de subsidios extranjeros. En México, voces opositoras argumentan que recursos limitados deberían dirigirse a problemas internos, como pobreza rural o inseguridad, en lugar de exportar solidaridad. Además, surge la polémica sobre la responsabilidad en el uso de fondos: aunque la donación es personal, ¿refleja un uso propagandístico de posiciones públicas para promover agendas ideológicas?
Este gesto genera debate sobre la efectividad de la ayuda humanitaria versus reformas internas en Cuba, y sobre si tales gestos fortalecen alianzas o distraen de desafíos domésticos. Mientras Morena defiende la dignidad de los pueblos, opositores exigen transparencia en cómo se canalizan estos recursos, cuestionando si perpetúan dependencias en lugar de resolver raíces profundas. El episodio subraya tensiones entre ideología y pragmatismo en la política latinoamericana, invitando a reflexionar si la solidaridad debe priorizar narrativas históricas o soluciones sostenibles.
