La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha intensificado sus confrontaciones políticas, extendiéndolas más allá de la oposición y los medios locales hacia figuras clave dentro de su propio partido, Morena.
Este patrón de conflictos ha generado tensiones que cuestionan la cohesión interna del movimiento oficialista, especialmente en un contexto preelectoral. Sansores, conocida por sus críticas frontales a adversarios políticos y por medidas que han sido interpretadas como censura a la prensa regional, ahora dirige sus acusaciones contra diputados locales morenistas y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Esto revela fracturas que podrían comprometer la estabilidad partidaria y la percepción pública del gobierno federal.
Los antecedentes del conflicto se remontan a finales de 2025, cuando el Congreso local de Campeche, dominado por Morena, rechazó una propuesta de la gobernadora para contraer una deuda de mil millones de pesos destinada al presupuesto estatal de 2026. Los diputados argumentaron que la iniciativa carecía de transparencia y podría endeudar innecesariamente al estado. En respuesta, Sansores acusó a los legisladores de traición y obstruccionismo, lo que derivó en denuncias por presunta persecución política. Un grupo de diputados morenistas rompió públicamente con la mandataria, restaurando el fuero constitucional como medida de protección ante posibles represalias.
Esta decisión fue vista por algunos como un acto de rebeldía legítima contra un liderazgo autoritario, mientras que otros la interpretan como un sabotaje interno que debilita la agenda transformadora de Morena.
La escalada involucró a Ricardo Monreal, quien intervino públicamente para llamar a la reconciliación. El legislador zacatecano advirtió que la disputa afecta la unidad del partido y salpica la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento sensible previo a las elecciones locales de 2027, donde Campeche renovará gubernatura y diputaciones.
Monreal enfatizó la necesidad de «altura de miras» y evitar divisiones que podrían tener costos electorales, posicionándose como mediador en favor de la cohesión. Sin embargo, esta intervención provocó una respuesta virulenta de Sansores, quien lo tildó de «entrometido» y le exhortó a «cuidar su chiquero», refiriéndose a sus responsabilidades en el Congreso federal.
La gobernadora defendió su autonomía estatal y negó cualquier presión indebida sobre los diputados, calificando las acusaciones como un «montaje político» orquestado por intereses opositores.
Este episodio ilustra tensiones inherentes en Morena: por un lado, defensores de Sansores argumentan que sus acciones buscan erradicar corruptelas internas y fortalecer la disciplina partidaria, alineada con los principios de la Cuarta Transformación. Por otro, críticos internos y externos ven en su estilo confrontacional un riesgo de autoritarismo que aleja aliados y fomenta deserciones. La polémica se amplifica al considerar el contexto nacional, donde Morena enfrenta desafíos para mantener su hegemonía tras la transición presidencial.
Analistas coinciden en que, sin una resolución pronta, el conflicto podría erosionar la base electoral en Campeche, un estado clave para el oficialismo, y generar precedentes de inestabilidad en otras entidades.En suma, el caso de Sansores resalta la delicada balanza entre liderazgo firme y unidad interna. Mientras Monreal promueve el diálogo con un mensaje de «amor y paz», la gobernadora insiste en su independencia, dejando abierta la interrogante sobre si estas divisiones fortalecerán o debilitarán al partido en el mediano plazo. La responsabilidad de los actores involucrados será crucial para mitigar impactos mayores.
