La encuesta reciente de Campaigns & Elections México revela una percepción arraigada sobre la corrupción en los partidos políticos del país. Con el PRI señalado por el 38% de los encuestados como el más corrupto, seguido por Morena y el PAN con un 21% cada uno, el estudio destaca cómo la longevidad institucional influye en la opinión pública.
El PRI, con 97 años de existencia, acumula una historia marcada por escándalos que han erosionado su credibilidad. Sin embargo, la posición de Morena, un partido con apenas 11 años, genera debate al equipararse con el PAN, que cuenta con 86 años de trayectoria.
Históricamente, el PRI ha sido sinónimo de un sistema político dominado por prácticas clientelares y desvíos de recursos públicos durante su hegemonía en el siglo XX. Críticos argumentan que episodios como el Pemexgate o las acusaciones contra exgobernadores priistas refuerzan esta imagen, lo que explica su liderazgo en la encuesta. Defensores del partido, en cambio, sostienen que estos casos pertenecen a etapas pasadas y que reformas internas han impulsado mayor transparencia, aunque la percepción persiste como un lastre electoral.
El caso de Morena invita a la polémica por su rápida ascenso en la escala de desconfianza. Fundado en 2014 como un movimiento de izquierda que prometía erradicar la corrupción, su gobierno actual enfrenta señalamientos por irregularidades en contratos públicos, como los relacionados con el Tren Maya o programas sociales. Analistas opositores ven en esto una continuidad de vicios sistémicos, cuestionando si Morena ha sucumbido a las tentaciones del poder pese a su juventud. Por otro lado, simpatizantes argumentan que estas acusaciones son parte de campañas mediáticas orquestadas por adversarios, y que el partido ha implementado medidas como la austeridad republicana para combatir la corrupción endémica.
Esta dicotomía genera controversia: ¿representa Morena un cambio genuino o una mera rotación de élites?
El PAN, con su tradición conservadora, comparte el segundo lugar, lo que refleja críticas a su gestión en administraciones pasadas, como los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, salpicados por casos de nepotismo y contratos opacos. Sus defensores destacan logros en rendición de cuentas, como la creación de instituciones anticorrupción, mientras que detractores lo ven como parte del establishment que no ha erradicado prácticas corruptas. La encuesta subraya cómo la edad no es el único factor; la exposición al poder parece igualar a partidos viejos y nuevos en la percepción pública.
En un análisis imparcial, estos resultados indican que la corrupción se percibe como un problema estructural en México, más allá de ideologías o antigüedad. La opinión pública parece influida por eventos recientes y cobertura mediática, lo que podría sesgar la realidad objetiva. Para los partidos, esto implica un desafío en la restauración de confianza: el PRI debe romper con su legado, el PAN reforzar su imagen de alternancia, y Morena demostrar que su juventud no implica inmadurez ética. La polémica radica en si estas percepciones reflejan hechos o manipulaciones, invitando a un debate sobre la responsabilidad en la gobernanza.
