El panorama de la seguridad en el país muestra señales de alivio en uno de los delitos que más lacera a las familias: el secuestro. Al cierre de diciembre de 2025, el país registró apenas 49 casos de este ilícito, consolidando una de las cifras mensuales más bajas de las que se tenga registro reciente. Esta cifra contrasta drásticamente con los picos de violencia vividos en años anteriores, como en diciembre de 2018, cuando se alcanzó un máximo histórico de 172 secuestros.
El balance anual de 2025 confirma esta tendencia a la baja, con un acumulado nacional de 714 casos. Esta cifra representa una reducción estructural significativa si se compara con el periodo 2015-2019, una etapa crítica en la que México superaba de manera constante los 1,600 secuestros por año. Las autoridades y analistas interpretan estos datos como una contención sostenida del delito, aunque subrayan la necesidad de no bajar la guardia ante posibles repuntes estacionales.
En lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado un total de 986 secuestros. Si bien la tendencia general es descendente respecto a sexenios pasados, el fenómeno delictivo no ha desaparecido y mantiene una marcada concentración en regiones específicas del territorio nacional.
A pesar de la mejoría a nivel nacional, la crisis de secuestros se focaliza con fuerza en tres estados que concentran la mayor carga delictiva del actual sexenio: Tabasco, con 234 casos; Oaxaca, con 71; y Campeche, con 69. Estas entidades federativas se mantienen como los principales focos rojos donde las bandas criminales dedicadas a la privación de la libertad operan con mayor frecuencia, confirmando que el fenómeno mantiene una alta concentración regional que requiere estrategias de seguridad diferenciadas.
Especialistas en la materia advierten que, aunque los números actuales son alentadores frente a la historia reciente, el delito de secuestro es sumamente sensible y presenta variaciones mensuales que exigen una vigilancia constante por parte de las instituciones de seguridad. El reto para el Estado mexicano sigue siendo desarticular por completo las estructuras regionales que aún operan en el sur del país y garantizar que la tendencia a la baja se traduzca en una paz duradera para la ciudadanía.
