La inseguridad en México ha cruzado un nuevo umbral crítico. Al cierre de 2025, el país registró la cifra de 11,081 denuncias por extorsión, consolidándose como el nivel anual más alto desde que se tiene registro. Este repunte no solo supera los 10,871 casos reportados en 2024, sino que confirma una tendencia ascendente que las autoridades no han logrado contener, dejando a la ciudadanía y a los sectores productivos en una situación de vulnerabilidad extrema.
Los datos, que forman parte del análisis de la serie «La Guerra en Números», revelan un panorama alarmante para el actual sexenio. Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, se han acumulado 13,786 denuncias por este delito. Esta cifra se traduce en un ritmo desgarrador para el tejido social: en México se denuncia una extorsión cada 45 minutos, es decir, un promedio de 1.3 casos por hora.
La crisis se agudizó particularmente durante el último mes del año pasado. Solo en diciembre de 2025 se reportaron 752 extorsiones, lo que refleja que el delito cerró el año con una alta presión criminal y sin señales claras de reversión a corto plazo. Este escenario plantea un desafío directo a la estrategia de seguridad nacional, pues el crecimiento sostenido de este ilícito apunta a un control territorial cada vez más consolidado por parte de grupos criminales.
Territorialmente, la carga delictiva se concentra de manera desproporcionada en cinco entidades. El Estado de México encabeza la lista con 3,154 denuncias, seguido de la Ciudad de México con 1,859 y Guanajuato con 1,815 casos. Estas tres regiones concentran la mayor parte de las extorsiones del sexenio, aunque Nuevo León (1,249) y Veracruz (992) también muestran cifras preocupantes que los colocan en el foco de la actividad de las economías ilegales.
Expertos en seguridad señalan que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor recurrencia debido a su baja disuasión y a la capacidad de las organizaciones delictivas para operar con impunidad. El análisis estructural de estas cifras sugiere que, sin acciones focalizadas y una estrategia que desarticule el control territorial criminal, el delito seguirá escalando. La extorsión no solo afecta el patrimonio de las familias, sino que estrangula el crecimiento económico local al imponer «cuotas» de operación que muchos negocios ya no pueden sostener.
