El panorama de la seguridad pública en México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en un punto de análisis crítico, donde la narrativa gubernamental y los datos estadísticos independientes parecen transitar por vías divergentes. Mientras el discurso oficial enfatiza una reducción histórica en los delitos de alto impacto, diversos análisis técnicos señalan un incremento en una amplia gama de delitos que afectan directamente la integridad y el patrimonio de la ciudadanía. Esta dualidad plantea un reto fundamental para la comprensión de la estrategia de seguridad nacional y la efectividad de sus resultados.
Desde el ámbito gubernamental, el balance del primer periodo de gestión es presentado como un éxito de coordinación e inteligencia. La administración sostiene que entre septiembre de 2024 y finales de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo significativamente, alcanzando niveles no vistos desde 2016. La estrategia, articulada bajo cuatro ejes principales —atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con los estados—, es defendida como un modelo que prioriza la paz sobre la «guerra frontal». Según los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se han logrado miles de detenciones y decomisos históricos de armas y drogas, lo que en la retórica oficial valida la continuidad del proyecto de seguridad del Estado.
Sin embargo, un análisis detallado de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), contrastado por investigaciones de organizaciones civiles y medios de comunicación, revela un escenario más complejo. El señalamiento central radica en que, si bien el homicidio doloso puede mostrar una tendencia a la baja, otros 34 delitos han experimentado incrementos notables. Entre estos destacan la trata de personas, la corrupción de menores y las lesiones dolosas. Es particularmente alarmante el comportamiento de la extorsión, que en 2025 registró sus niveles más altos en una década, afectando no solo a grandes empresas, sino también a pequeños productores y comercios locales, convirtiéndose en un impuesto criminal que erosiona la economía nacional.
La crítica académica y periodística sugiere que el enfoque oficial adolece de una «selectividad estadística». Al centrar el discurso casi exclusivamente en la disminución de los homicidios y robos con violencia, se corre el riesgo de invisibilizar una victimización creciente en delitos que, aunque tienen menor impacto mediático, degradan profundamente el tejido social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cifra de personas que se sienten inseguras sigue siendo mayoritaria, y la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes ha mostrado repuntes en diversas entidades federativas, lo que contradice la percepción de pacificación que se busca proyectar desde el Ejecutivo.
Por otro lado, la oposición política y expertos en seguridad advierten sobre el riesgo de la «despolitización» de la seguridad a través de tecnicismos. Argumentan que el uso de comparativas temporales específicas (por ejemplo, comparar meses aislados en lugar de periodos anuales completos) puede generar una percepción de mejoría que no es sostenible en el largo plazo. Asimismo, se cuestiona la transparencia en el registro de los datos, señalando que la reducción en ciertos delitos podría estar vinculada a una cifra negra persistente (delitos no denunciados) o a una reclasificación administrativa de las carpetas de investigación que favorece la estadística oficial.
En contraste, los defensores de la política actual subrayan que los resultados no pueden ser inmediatos dada la herencia de violencia de décadas anteriores. Argumentan que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia y la creación de nuevas subsecretarías de investigación permitirán, con el tiempo, desarticular las estructuras criminales de manera más efectiva que mediante el uso de la fuerza letal. Para este sector, los incrementos en delitos como la extorsión son, en parte, el resultado de una mayor confianza en la denuncia o de un cambio en la dinámica criminal ante la presión oficial sobre el narcotráfico tradicional.
En conclusión, el estado de la seguridad en México presenta una realidad fragmentada. Por un lado, hay indicadores que sugieren un control sobre la violencia más extrema en términos de volumen total; por otro, existe una expansión de actividades delictivas que vulneran la vida cotidiana de millones de personas. El reto para la administración de Sheinbaum no solo es mantener la tendencia a la baja en los homicidios, sino atender con la misma urgencia el crecimiento de los delitos que hoy quedan fuera del centro de la narrativa oficial. La eficacia de la Estrategia Nacional de Seguridad será juzgada, en última instancia, no solo por las gráficas de las conferencias matutinas, sino por la recuperación tangible de la tranquilidad en el espacio público.
