La violencia de género en México muestra señales de una ligera tregua numérica al cierre del primer año completo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el 2025, el país registró un total de 721 feminicidios, una cifra que representa una disminución del 15% en comparación con los datos de 2024, consolidando una tendencia a la baja que se ha mantenido de forma intermitente desde 2022.
El mes de diciembre de 2025 marcó un hito estadístico al contabilizar apenas 40 denuncias a nivel nacional, convirtiéndose en el mes con la incidencia más baja del año y logrando una reducción del 38% respecto al mismo mes del año previo. Sin embargo, para los analistas políticos y expertos en seguridad, estas cifras no ocultan la gravedad de una «violencia estructural» que persiste: en lo que va del sexenio de Sheinbaum, ya se acumulan 923 feminicidios.
El mapa de la violencia contra las mujeres revela que el fenómeno está lejos de erradicarse y se concentra en puntos geográficos críticos. Sinaloa encabeza la lista de las entidades con mayor número de casos durante el actual sexenio, con 82 registros, seguida muy de cerca por el Estado de México con 78 y la Ciudad de México con 61. Estas tres entidades concentran una parte significativa de la tragedia nacional, evidenciando que tanto el centro como el noroeste del país siguen siendo focos rojos para la integridad de las mujeres.
La lectura política de estos datos es compleja. Si bien la disminución anual del 15% permite al Gobierno Federal argumentar que las estrategias de prevención podrían estar surtiendo efecto, el acumulado histórico sigue siendo alarmante. Los 923 casos registrados en el periodo de la presidenta Sheinbaum representan ya el 14% del total de feminicidios acumulados en México desde el año 2018, lo que subraya que la pacificación del país en materia de género es una tarea pendiente y de largo aliento.
Además de los números absolutos, la tasa de incidencia por cada millón de habitantes coloca a estados como Morelos y Colima en situaciones de extrema vulnerabilidad, recordándole a la opinión pública que no solo se trata de la cantidad de casos, sino de la densidad de la violencia en territorios específicos donde el control institucional parece ser más débil.
En conclusión, el balance de 2025 ofrece una luz de esperanza estadística, pero mantiene la presión sobre el gabinete de seguridad y las fiscalías estatales. La reducción en las denuncias es un avance, pero el reto de la administración actual será transformar esa tendencia numérica en una percepción real de seguridad para las mexicanas, en un país donde la violencia de género sigue siendo una de las deudas más profundas de la clase política.
