La renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de los senadores de Morena, anunciada el 1 de febrero de 2026 durante la plenaria del partido, marca un giro significativo en la dinámica interna del grupo parlamentario mayoritario. López Hernández argumentó que su ciclo había concluido tras lograr la mayoría calificada y el “Plan C”, y que ahora se dedicaría al trabajo territorial en la cuarta circunscripción —que abarca Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala— para fortalecer la unidad de cara a las elecciones intermedias de 2027. Permanecerá como senador sin solicitar licencia.
En su lugar, los legisladores eligieron por unanimidad a Ignacio Mier Velazco, un operador experimentado y cercano a López Hernández, quien previamente respaldó su liderazgo. Mier llamó a mantener la unidad y el diálogo con otras fuerzas políticas, enfatizando la necesidad de “hacer política” en un contexto de cohesión.
Esta sucesión genera debate sobre si representa una mera continuidad o una acción disciplinaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar su autoridad. Analistas señalan que la decisión se tomó semanas antes en Palacio Nacional, ante presiones externas —incluidas investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de López Hernández con organizaciones criminales como “La Barredora”, derivadas del caso de Hernán Bermúdez Requena— y críticas por opacidad en su gestión como gobernador de Tabasco. Sheinbaum habría confrontado directamente al senador, rompiendo la protección previa atribuida al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La salida deja a varios legisladores en posición de “huérfanos” políticos, dependientes del respaldo y la red de López Hernández. Destaca el caso de la senadora Andrea Chávez, aspirante visible a la gubernatura de Chihuahua en 2027, quien ha recibido apoyo explícito de López Hernández. Recientemente, Chávez expresó gratitud por su trayectoria y lamentó rumores previos sobre su salida, lo que subraya la dependencia de figuras emergentes de operadores tradicionales cercanos al expresidente. Críticos argumentan que estos “huérfanos” podrían enfrentar ajustes forzados si Sheinbaum prioriza lealtades directas, mientras que defensores del cambio ven en Mier un puente de continuidad que evita rupturas abruptas.
Las posturas divergen. Voces cercanas a Sheinbaum interpretan el relevo como paso hacia mayor autonomía presidencial, obligando a los legisladores a consultar directamente a la mandataria en lugar del expresidente. Otros, alineados con la vieja guardia, lo consideran una formalidad que preserva influencias heredadas, dado el perfil de Mier como aliado histórico de López Hernández y de López Obrador. La polémica se intensifica al considerar si las presiones internacionales aceleraron la decisión, cuestionando la soberanía en nombramientos clave, o si responde a una estrategia interna para limpiar la imagen ante escándalos persistentes.
En síntesis, la transición expone tensiones latentes en Morena entre lealtades personales y la centralización del poder. Sin alteraciones drásticas en la dinámica legislativa, el cambio invita a observar si fortalece la responsabilidad institucional o perpetúa disputas por el control real del partido gobernante, con implicaciones directas para el panorama electoral de 2027.
