En Sinaloa, las estadísticas oficiales de reducción delictiva contrastan con la percepción cotidiana de inseguridad y con hechos violentos que afectan incluso a figuras políticas. El gobierno federal ha reportado disminuciones en homicidios dolosos —como un 43% en el promedio diario durante la segunda mitad de 2025—, atribuidas a estrategias de coordinación institucional. Sin embargo, el estado cerró 2025 con más de 1,600 homicidios y un incremento general en incidencia delictiva del 17% respecto al año previo, lo que lo posiciona entre las entidades más violentas del país.
El episodio más reciente ilustra esta brecha: el 28 de enero de 2026, los diputados locales de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en el centro de Culiacán. Ambos resultaron heridos —Torres en estado grave tras cirugía y Montoya con lesiones que requieren intervenciones reconstructivas—, junto con un escolta. El ataque ocurrió en una zona céntrica, lo que subraya la vulnerabilidad incluso de representantes electos.
Autoridades estatales y federales reaccionaron con rapidez. El gobernador Rubén Rocha activó un operativo de búsqueda y captura, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su visita a la entidad acompañada del Gabinete de Seguridad para reforzar medidas. Se desplegaron células de inteligencia, análisis de videovigilancia y coordinación interinstitucional, sin que se detalle un envío masivo de tropas adicionales en esta ocasión específica. Esta respuesta replica despliegues previos de fuerzas federales en respuesta a picos de violencia, como los ocurridos en 2024 durante la pugna interna del Cártel de Sinaloa entre facciones asociadas a “Los Mayos” y “Los Chapitos”.
El gobierno defiende que las estrategias nacionales han logrado tendencias a la baja en indicadores clave, enfatizando la colaboración entre niveles de gobierno. En contraste, la oposición —incluido Movimiento Ciudadano— denuncia una crisis de impunidad que rebasa límites, donde la violencia alcanza a actores políticos y la ciudadanía percibe inseguridad constante. Denuncias recurrentes señalan que la militarización, aunque recurrente, no aborda raíces estructurales como la penetración del crimen organizado en estructuras locales o la falta de investigaciones exhaustivas contra posibles nexos político-criminales. Organizaciones civiles y analistas cuestionan si el enfoque reactivo evita confrontar complicidades o impunidad en esferas de poder regional.
La persistencia de homicidios, robos y agresiones armadas genera debate sobre la efectividad de las políticas actuales. Mientras cifras nacionales muestran avances, la experiencia en Sinaloa revela que la violencia no cede de manera uniforme. Resolver esta contradicción exige no solo despliegues de fuerza, sino fortalecer la investigación, la justicia penal y la prevención social para reducir la vulnerabilidad estructural del estado.
