La persistente desigualdad en América Latina y el Caribe (LAC) ha alcanzado un punto de inflexión donde la concentración de la riqueza no solo es un problema económico, sino una amenaza directa a la estabilidad democrática. Según el reciente informe de Oxfam, la región experimenta una «acumulación del privilegio» en la que las fortunas de una élite minoritaria crecen a un ritmo drásticamente superior al de la economía real, profundizando una brecha social que socava el contrato social.
La acelerada concentración de la riqueza
En 2025, el número de milmillonarios en la región ascendió a 109 personas, cuya fortuna conjunta de US$622.900 millones equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto (PIB) combinado de Chile y Perú. Este fenómeno revela una desconexión crítica: mientras el PIB regional creció apenas un 2,4% en 2024, la riqueza de estos individuos aumentó un 39%, es decir, 16 veces más rápido que la economía general.
Esta disparidad se ilustra de forma contundente en la comparación del poder adquisitivo diario:
Diferencia salarial: Un trabajador promedio con salario mínimo necesitaría laborar 102 años para ganar lo que un milmillonario obtiene en un solo día.
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Origen del patrimonio: El 53,8% de los superricos de la región heredó total o parcialmente su fortuna, lo que sugiere que la riqueza responde más al linaje que al mérito individual o al esfuerzo personal.
Democracias bajo la sombra del poder económico
El informe sostiene que la concentración económica deriva inevitablemente en poder político, fenómeno descrito como el «secuestro de la democracia». Las élites económicas ejercen una influencia desproporcionada a través de diversos mecanismos:
Captura de mercado y regulación: Sectores estratégicos como finanzas, telecomunicaciones y energía representan el 65% de la riqueza de los milmillonarios, sectores con altas barreras de entrada que permiten influir en precios y normativas.
Puertas giratorias y acceso directo: Entre 2000 y 2025, al menos 16 presidentes en 11 países de la región han provenido de altas esferas empresariales o gerenciales.
Desafección ciudadana: El 72% de la población latinoamericana percibe que se gobierna para unos pocos poderosos. Esta percepción alimenta el desencanto con la democracia, que solo es preferida por la mitad de la población, abriendo la puerta a liderazgos autoritarios y agendas antiderechos.
El impacto climático y social
La desigualdad también se manifiesta en la crisis climática. Aunque LAC ha contribuido mínimamente a las emisiones globales, es altamente vulnerable. Existe una asimetría de responsabilidad extrema: una persona del 0,1% más rico emite 251 veces más CO2 que alguien del 50% más pobre, siendo este último grupo el que sufre las mayores consecuencias de los desastres naturales.
Actualmente, 160 millones de personas viven en situación de pobreza en la región, mientras que el 1% más rico posee más riqueza que el 90% de la población restante.
Hacia un nuevo pacto fiscal
Oxfam propone la urgencia de un Nuevo Pacto Fiscal que corrija estas distorsiones. Las barreras actuales incluyen sistemas tributarios que gravan excesivamente el consumo y el trabajo, pero insuficientemente el capital y la riqueza extrema. Además, existe una opacidad institucional: los Estados poseen sistemas exhaustivos para vigilar a los hogares pobres que reciben ayudas, pero carecen de información básica y transparencia sobre las mayores fortunas del país.
La implementación de reformas fiscales redistributivas y de tributación a la riqueza extrema se presenta no solo como una medida de justicia económica, sino como una herramienta indispensable para reconstruir la legitimidad del sistema democrático y garantizar la soberanía de las naciones frente a la influencia corporativa.
