La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha intensificado las tensiones bilaterales con México, centradas en la lucha contra el narcotráfico. Trump no solo exige una reducción drástica en el flujo de drogas como el fentanilo hacia territorio estadounidense, sino que también presiona por la entrega de políticos mexicanos presuntamente vinculados a carteles, muchos de ellos afiliados al partido Morena, que gobierna bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Esta demanda ha generado un debate sobre su viabilidad y consecuencias, cuestionando si tales presiones lograrán resultados concretos o solo agravarán la relación entre ambos países.
Desde la perspectiva estadounidense, Trump enmarca el fentanilo como un «arma de destrucción masiva», responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis en EE.UU. durante la última década. Su administración argumenta que México debe actuar con mayor rigor contra los carteles, y ha amenazado con intervenciones militares unilaterales, como ataques aéreos o operaciones especiales, si no se cumple con las expectativas. Además, se han impuesto restricciones de visas a políticos sospechosos y se ha condicionado la cooperación económica, incluyendo revisiones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a avances en seguridad. Críticos en Washington ven esto como una estrategia necesaria para combatir una crisis de salud pública, pero otros lo califican de intervencionismo que ignora la complejidad del problema, donde el consumo interno en EE.UU. alimenta la demanda.
En México, Sheinbaum ha respondido con firmeza, rechazando cualquier intervención extranjera y enfatizando la soberanía nacional. Su gobierno destaca logros como la reducción en un 50% del fentanilo interceptado en la frontera, la destrucción de laboratorios clandestinos y el arresto de miles de implicados en el crimen organizado. Sin embargo, la exigencia de extraditar políticos de Morena, incluyendo gobernadores y legisladores, representa un punto de quiebre. Ceder podría fracturar el partido oficial, erosionando su base de apoyo y generando acusaciones de sumisión ante Washington, lo que alimentaría narrativas opositoras de colusión con el narco. Por el contrario, resistir podría escalar las sanciones económicas, afectando exportaciones y remesas vitales para la economía mexicana.
Este escenario invita a la polémica: ¿es la presión de Trump una táctica negociadora o un riesgo real de conflicto? Analistas señalan que Sheinbaum cuenta con margen de maniobra, como fortalecer la cooperación bilateral en inteligencia y decomisos sin ceder soberanía, o diversificar alianzas comerciales para mitigar dependencias. No obstante, la retórica trumpiana, amplificada por eventos como la intervención en Venezuela, genera incertidumbre. Opositores en México usan estas demandas para cuestionar la integridad de Morena, mientras que defensores del gobierno las ven como injerencia imperialista que distrae de responsabilidades compartidas, como el control de armas estadounidenses que arman a los carteles.
En última instancia, la efectividad de esta presión depende de la capacidad de Sheinbaum para equilibrar demandas externas con cohesión interna. Si México demuestra resultados tangibles, podría desinflar las amenazas; de lo contrario, podría precipitar una crisis diplomática o interna, en especial en Morena. El desafío radica en transformar la confrontación en colaboración, sin comprometer principios fundamentales.
