En un contexto de transformación política en México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha reportado que un millón 250 mil de sus miembros, equivalente a la mitad de sus 2.5 millones de afiliados, se han incorporado formalmente a Morena, el partido en el poder. Esta movida, confirmada por el dirigente sindical Alfonso Cepeda durante un encuentro con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, en enero de 2026, evoca las prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante su era hegemónica, cuando los sindicatos funcionaban como brazos extendidos del poder oficial para movilizar votos y recursos. Críticos argumentan que esta afiliación masiva representa un retroceso al corporativismo, prohibido por la ley electoral y los estatutos tanto del SNTE como de Morena, que vetan incorporaciones colectivas. Sin embargo, defensores del proceso insisten en que se trata de adhesiones voluntarias, impulsadas por la afinidad ideológica con el proyecto de la Cuarta Transformación, y que fortalecen la base social del partido sin coacciones.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), históricamente disidente y propensa a movilizaciones masivas, ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses. Esta inactividad contrasta con sus protestas previas contra reformas educativas y laborales. El silencio parece vinculado al cumplimiento de un acuerdo clave con el gobierno federal: la reducción gradual de la edad de jubilación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), oficializada en diciembre de 2025. A partir de 2026, la edad mínima se ajusta a 58 años para hombres y 56 para mujeres, descendiendo progresivamente hasta 55 y 53 respectivamente en 2034, beneficiando directamente a miles de maestros afiliados a la CNTE. Voces opositoras ven en esto una transacción política: concesiones económicas a cambio de paz sindical, priorizando lealtades partidistas sobre la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones.
Este panorama genera polémica al sugerir que Morena aspira a replicar el modelo priista de control sindical, donde las organizaciones laborales servían como maquinarias electorales. Analistas independientes destacan el riesgo de que decisiones económicas, como ajustes en pensiones o presupuestos educativos, queden subordinadas a estrategias de poder. Por un lado, simpatizantes de Morena argumentan que esta integración fortalece la democracia participativa, permitiendo que sectores populares influyan directamente en políticas públicas. En contraste, detractores alertan sobre el debilitamiento de la independencia sindical, potencialmente erosionando la responsabilidad institucional y fomentando clientelismo. La ausencia de protestas de la CNTE amplifica el debate: ¿es un logro genuino o un pacto que silencia disidencias?
En suma, estos desarrollos ilustran tensiones inherentes al sistema político mexicano, donde el equilibrio entre derechos laborales y ambiciones partidistas define el futuro de la gobernabilidad. Sin reformas que garanticen transparencia, el espectro del hegemonismo podría persistir, afectando la credibilidad de las instituciones.
