Por: Rafael Orantes
El polémico rescate de perros y gatos, encabezado por las autoridades de la Ciudad de México y promovido por la Fundación Haghenbeck tiene como objetivo un terreno de la mitad del tamaño de La Mexicana en Cuajimalpa.
El conflicto del albergue de animales en Cuajimalpa, Ciudad de México, ampliamente difundido en días pasados, tiene su origen en un acto de empatía hacia los seres sintientes. El Refugio Franciscano A.C. es una entidad sin fines de lucro dedicada a proteger y dar asilo a animales en situación de abandono.
Don Antonio Haghenbeck y de la Lama fue un filántropo que, según la Fundación que lleva su nombre, dedicó su vida y fortuna al cuidado de animales y adultos mayores. En vida, Don Antonio conoció a Ita Osorno, fundadora del Refugio Franciscano. Al compartir los mismos ideales, Haghenbeck otorgó mediante la figura de comodato (préstamo gratuito) el inmueble ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca para cumplir con esta misión. En su testamento de 1991 confirmó dicho comodato con la condición de que el predio, de casi 16 hectáreas, se utilizará exclusivamente como albergue animal.
Antes de analizar a fondo este conflicto, es fundamental recordar que es deber del Estado mexicano garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia y la certeza jurídica. Asimismo, debe regirse bajo el principio de legalidad, el cual obliga a las autoridades a fundamentar (señalar la norma aplicada) y motivar (explicar el razonamiento) de cada uno de sus actos. En adelante verán una serie de actos que vulneran estos derechos.
Breve historia del conflicto legal
La disputa comenzó cuando la Fundación Haghenbeck y de la Lama I.A.P. demandó al Refugio Franciscano para exigir la terminación del comodato y la desocupación inmediata del inmueble, incluyendo a los animalitos bajo su cuidado. El proceso ante el Juzgado 60 Civil de la Ciudad de México concluyó en solo nueve meses con una sentencia de desalojo. Sin respetar el plazo para que el Refugio apelará, el entonces Juez José Manuel Salazar Uribe ordenó la ejecución inmediata de dicha sentencia. Esta fue la primer orden de desalojo.
Mientras estaba en trámite la apelación, en noviembre de 2022, las directoras del Refugio fueron citadas fuera de horario de oficina del Tribunal para una mediación inusual. Bajo presión y con la promesa de que la Fundación construiría un nuevo albergue, firmaron un Convenio Judicial con la Fundación. Esta última se comprometió a edificar un nuevo albergue con ciertas especificaciones técnicas (materiales, dimensiones e instalaciones). El Refugio por su parte se comprometió a desocupar el albergue con sus animalitos una vez concluida la nueva obra.
No obstante, existen algunas irregularidades en el convenio detectadas por el Refugio Franciscano. Un ejemplo claro son los «proyectos ejecutivos» presentados por la Fundación para el nuevo albergue, que en realidad eran simples renders, carentes de planos hidráulicos o eléctricos y con dimensiones erróneas. Parecía un proyecto diseñado para ser inviable. El Refugio controvirtió el proyecto, pues su ejecución pondría en riesgo a los animalitos y requeriría inversiones que el albergue —que sobrevive de donaciones— no podía costear.
La tensión escaló en agosto de 2024, cuando se ordenó una inspección en la ubicación del futuro albergue, en Texcoco, a cargo de un perito designado por el Juez 60 Civil, quien debía seguir lineamientos específicos, algunos señalados por el Refugio Franciscano. En esta inspección, los juzgados omitieron autorizar la presencia del personal del Refugio e ignoraron los puntos clave para dicha intervención. Aun así, las directoras del Refugio lograron encontrar y acudir al juzgado, evitando una diligencia ficticia. Pese a estas anomalías, el entonces Juez 60 Civil Ricardo Oropeza Bueno avaló la diligencia, contradiciendo sus propias órdenes en las que había exigido se cumplieran las condiciones claras para la inspección.
Incidente y sentencia del supuesto incumplimiento del Refugio Franciscano
Con motivo de la inspección practicada en Texcoco, el perito presentó un dictamen que, más allá de lo técnico, impuso nuevas obligaciones a cargo del Refugio Franciscano, que nunca fueron pactadas. Es decir, que el perito se excedió de sus facultades. Tomando este dictamen, la Fundación demandó el incumplimiento del convenio.
El 8 de diciembre, ahora la Juez 60 Civil Yépez Arreola — tras la elección judicial por las Alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero — dictó una sentencia (segunda orden de desalojo) en la que resolvió que el Refugio debía entregar la escritura del albergue Texcoco y, al no hacerlo, había incumplido. Esto a pesar de que nunca fue pactado en el convenio original. Asimismo, infirió que el Refugio Franciscano había incumplido con ciertas obras de construcción a las que se había obligado. Esto, nuevamente, nunca fue una obligación puesta en el convenio.
Lo más alarmante fue que ordenó que los animales quedaran en «resguardo» de la Fundación, tratándolos como objetos. Apenas un día después —noche del 10 de diciembre—, sin esperar los ocho días para apelar, la Juez ordenó la toma del albergue y de los animalitos. Así, con apoyo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), la Secretaría de Seguridad Ciudadana y un grupo de 30 encapuchados, tomaron posesión del predio.
El mismo 11 y durante el 12 de diciembre, la Fundación negó el paso a cualquier persona, pero sí permitió el acceso a algunos medios e influencers. Como resultado de su intervención circularon videos y fotografías de los perritos y gatitos que se encontraban en tratamiento por el Refugio y que, en algunos casos, habían sido recibidos en condiciones físicas críticas. La difusión de estos contenidos, sin el contexto completo, se convirtió en una campaña de desprestigio en contra del Refugio.
Ahora sabemos que fue hasta la noche del 12 de diciembre que acudió oficialmente al interior del albergue la FIDAMPU; es decir, dos días después de que la posesión del predio quedara a cargo de la Fundación. Lo mismo ocurrió con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, quien acudió también dos días después de que la Fundación tomara posesión. Nótese: después de que entró la Fundación y las personas que invitó.
Los juicios de amparo
Ante el inminente desalojo, el mismo 9 de diciembre el Refugio presentó diversos amparos. El primero, el expediente 1515/2025 tardó una semana en admitirse por el Juzgado Noveno de Distrito — cuya titular ahora es la Juez Silvia Elizabeth Baca Cardoso, quien en 2024 declinó el cargo en Hidalgo para no someterse a la elección judicial.
En la fecha del desalojo, durante la madrugada del 11 de diciembre, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito admitió urgentemente el amparo 1544/2025, en el que concedió una suspensión provisional. Es decir, una medida para revertir el desalojo y salvaguardar los derechos del Refugio y sus animalitos.
Tras un recurso de queja (491/2025), el Cuarto Tribunal Colegiado resolvió el 19 de diciembre que se había violado preliminarmente el derecho de defensa del Refugio Franciscano con la Sentencia de la Juez 60 Civil y ordenó restituir el inmueble y los animalitos de manera inmediata al Refugio Franciscano. Pese a estar notificadas, la Brigada de Vigilancia Animal, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía ignoraron el mandato federal.
El 24 de diciembre se dictó la sentencia de suspensión definitiva que ordenó restituir el inmueble y los animalitos de manera inmediata al Refugio. Ninguna de las autoridades notificadas, hasta el cierre de este artículo ha cumplido dicha resolución.
El desalojo del 7 de enero de 2026
En un acto de uso excesivo de la fuerza, el 7 de enero de 2026 —día en que la Juez 60 debía recibir la orden federal de restitución del inmueble y de los animalitos—, más de 200 elementos policiales acudieron al albergue para retirar a todos los animalitos . Los animalitos fueron sustraídos en camiones de carga, camiones del antirrábico y camionetas pick-up sin los cuidados mínimos.
Se dijo que algunos fueron enviados a instalaciones de un albergue privado en el Ajusco, al Deportivo Hermanos Galeana, donde reportes ciudadanos denuncian que permanecieron encerrados en transportadoras durante días y a la Brigada de Vigilancia Animal.
Ese mismo día, el Juzgado Segundo de Distrito, mediante el amparo 27/2026 ordenó a la FGJCDMX, a la SSC, a la PAOT y a otras autoridades involucradas con el “rescate” llevar a cabo las acciones necesarias para evitar la desaparición de los seres sintientes, por lo que, en todo momento deberán estar debidamente identificados y plenamente localizables, debiendo informar el lugar donde, en su caso, queden en resguardo . La SSC y la Fiscalía quedaron notificadas el mismo 7 de enero, sin que hasta ahora hayan cumplido con su informe.
Actuaciones que no deben pasar por alto
La cantidad de irregularidades es palpable: ejecución de sentencias sin agotar plazos, incumplimiento u omisión de órdenes federales, campañas de desprestigio mediante influencers antes de las inspecciones oficiales y un uso desproporcionado de la fuerza pública.
El dato igual de conocido y alarmante reside en el tema inmobiliario. Según el Registro Público de la Propiedad y la plataforma “Ciudad Mx”, el inmueble de 163,266 m² (aproximadamente 16 hectáreas) donde se ubica el albergue fue vendido en 2020 por la cantidad de $650,000 pesos . Para dimensionar la cifra: se trata de un predio casi la mitad de tamaño de lo que mide el parque la Mexicana , ubicado de igual manera en una de las zonas con mayor plusvalía de la ciudad. El Parque la Mexicana mide aproximadamente 30 hectáreas.
Este precio de venta, difícil de explicar desde cualquier perspectiva, deja en el aire diversas preguntas. Ante esta situación, sería deseable que tanto las autoridades como la Fundación consideraran la relevancia de defender la vida de los seres sintientes, como lo hacía Don Antonio Haghenbeck.
