¿Finalmente México es un país más pacífico? No. ¿Tenemos una reducción marginal de la violencia letal en el último año? Sí.
No podemos afirmar que estemos en el inicio de un proceso de pacificación sostenida. La realidad es que continuamos inmersos en la era más violenta de la historia del país: sólo en la última década, la violencia letal aumentó 72.6% a nivel nacional.
A pesar de la reducción del homicidio doloso anunciada y celebrada en los últimos meses por el Gobierno federal, la pacificación del territorio nacional sigue siendo una promesa lejana. De hecho, el país se encuentra en una situación más grave.
Esta intensificación de la violencia letal se observa tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados al compararlo con la última década (2015 a 2025) y con 2018, año que marca el inicio del actual régimen.
Reducción reciente en un nivel de violencia estructuralmente más alto
De 2024 a 2025 se observa una reducción de la violencia letal a nivel nacional de 5.4%, lo que constituye una señal positiva que no debe minimizarse. Sin embargo, esta disminución ocurre desde niveles históricamente elevados y no implica, por sí misma, un cambio estructural en la dinámica de la violencia. El país continúa operando en un umbral de violencia letal significativamente más alto que el observado tanto hace una década como al inicio de la administración 2018-2024.
Al respecto, los datos nacionales muestran un deterioro de largo plazo. En 2015 se registraron 39,653 hechos asociados a violencia letal. Para 2025 la cifra asciende a 68,424, lo que representa un incremento de 72.6%. Si la comparación se realiza con 2018, año en que inició el actual régimen político, el balance también es negativo, con un aumento de 11.8%.
Dos factores son la principal explicación de los picos de violencia letal a nivel estatal: los conflictos entre organizaciones de crimen organizado y las políticas federales orientadas a debilitar sus operaciones.
Los hallazgos de nuestro reporte también invitan a replantear las formas en que el Estado mide la violencia letal. Al día de hoy, la política de seguridad pública se diseña y evalúa con datos parciales y poco confiables. Esto incrementa el riesgo de repuntes violentos no anticipados, con consecuencias graves para la seguridad y la gobernabilidad en los territorios.
Una reducción parcial con dinámicas internas preocupantes
El análisis por proxy de violencia letal muestra una dinámica heterogénea. El homicidio doloso presenta una caída importante desde 2018 (-29.5%) y una reducción marcada en el último año (-21.8%). No obstante, esta mejora no se replica de manera consistente en el resto de los componentes. En particular, persisten incrementos significativos en:
Personas desaparecidas y no localizadas, con un crecimiento sostenido desde 2018 (107.5%) y un repunte reciente durante el último año (21.1%).
Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, que mantienen una trayectoria ascendente muy marcada desde 2015 (361.9%) y 2018 (115.6%).
En este contexto, la aparente caída de los homicidios dolosos no constituye evidencia suficiente para señalar un cambio estructural en la dinámica de la violencia. Más bien refuerza las hipótesis que plantean que la reducción podría estar influida por factores que afectan la calidad y consistencia de los datos, más que a una mejora real en las condiciones de seguridad. Entre ellos: manipulaciones intencionadas en los registros, debilidades institucionales en los sistemas de clasificación, o coerción criminal a nivel local.
Radar de la violencia letal
¿Cómo leer el radar? El eje horizontal traza la tasa del año en curso por cada 100 mil habitantes. La tasa es más alta cuando supera el promedio nacional del año anterior. El eje vertical muestra el cambio porcentual con respecto a ese año. De este modo, ubicamos cuatro conjuntos sobre la situación de la violencia letal en los estados: crítica, persistente, emergente o contenida. Cada conjunto cuenta con sus propias escalas de variación conforme a los datos puntuados en las esquinas exteriores. El radar permite identificar los estados que se encuentran en zonas de transición —aquellos con tasas cercanas al promedio nacional, pero con variaciones significativas en tendencia—, lo que facilita anticipar posibles giros en la dinámica de la violencia y focalizar esfuerzos preventivos.
Recomendaciones de política pública
Reorientar la estrategia de seguridad pública hacia esquemas de pacificación estructural. Las intervenciones deben fortalecer las capacidades institucionales locales sistemáticamente, sobre todo en el ámbito municipal. Sin estructuras locales sólidas —es decir, sin policías y fiscalías profesionales, y gobiernos sin capacidad de gestión y coordinación efectiva—, el combate frontal tiende a fragmentar a los actores criminales, lo que multiplica los focos de violencia en lugar de contenerlos.
Adoptar estrategias multinivel y multirregionales que reduzcan los efectos del desplazamiento territorial de la violencia. La presión operativa concentrada en una entidad puede trasladar la conflictividad a estados vecinos, como se observa en el caso de Sinaloa.
Convertir las experiencias de contención sostenida en laboratorios de pacificación replicables. Casos como Yucatán y Coahuila ofrecen aprendizajes relevantes en materia de profesionalización policial, incentivos laborales, gobernanza local y coordinación intergubernamental.
Incorporar sistemas de alerta temprana para entidades en condición de vulnerabilidad, particularmente aquellas que se ubican cerca del promedio nacional o presentan incrementos recientes, como Ciudad de México o Nayarit.
Vincular la prevención del desplazamiento y la fragmentación criminal con las políticas de desarrollo territorial. Estrategias como el Plan Michoacán deben integrar explícitamente componentes orientados a la sostenibilidad local.
Adoptar una visión regional de la violencia letal como principio rector de la política pública. Esta perspectiva permite diseñar estrategias integrales y coordinadas, en lugar de las respuestas fragmentadas y de corto plazo.
