La reforma electoral impulsada por el gobierno federal bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum representa un proceso controvertido que busca reconfigurar el sistema político mexicano. Encabezada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez Álvarez, esta iniciativa se anunció en agosto de 2025 con el objetivo de diagnosticar el modelo actual de partidos y elecciones, priorizando la participación democrática y la centralidad del pueblo. Sin embargo, el proceso ha generado críticas por su aparente falta de consensos amplios y por el estilo de conducción de Gómez, quien ha sido señalado por posturas que descartan visiones alternativas, alimentando debates sobre autoritarismo y responsabilidad en la toma de decisiones.
Desde la perspectiva del oficialismo, representado por Morena y el Ejecutivo, la reforma se presenta como un ejercicio inclusivo. Gómez Álvarez ha enfatizado la realización de consultas públicas, foros y audiencias desde octubre de 2025 hasta diciembre, con una propuesta final a enviarse al Congreso en enero de 2026. Argumenta que el Instituto Nacional Electoral (INE) no debe interpretarse como un ente de autogobierno absoluto, sino como un órgano independiente en sus resoluciones, imparcial y apegado a la legalidad. Esta visión busca corregir supuestas ineficiencias, como la revisión del sistema de representación proporcional sin eliminarlo por completo, sino modificándolo para mayor equidad. No obstante, sus raíces en el marxismo y su trayectoria como diputado plurinominal en el pasado —posición que ahora propone ajustar— han sido destacadas como contradicciones que cuestionan la coherencia de la propuesta, invitando a polémicas sobre motivaciones ideológicas versus pragmáticas.
Los aliados electorales de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), introducen una capa adicional de complejidad. Aunque no se han manifestado públicamente en contra en los foros recientes, analistas señalan que propuestas como la reducción del financiamiento público a partidos y la eliminación o modificación de plurinominales podrían afectar sus intereses. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, ha reconocido implícitamente esta dependencia, advirtiendo que sin el apoyo de estos aliados, la aprobación en el Congreso sería inviable. Esto sugiere posibles exigencias de cambios para asegurar votos, lo que podría diluir la iniciativa original y generar tensiones internas en la coalición gobernante.
Por su parte, la oposición —incluyendo PRI, PAN y MC— y sectores ciudadanos critican el proceso como un monólogo controlado por el Ejecutivo. Representantes del INE han entregado propuestas técnicas a la comisión, insistiendo en la necesidad de autonomía plena y en la inclusión de partidos, academia y organizaciones civiles desde el inicio. Acusan a Gómez de rechazar peticiones clave, como la regulación de la sobrerrepresentación, y ven en la comisión una herramienta para centralizar poder, excluyendo voces disidentes. Ciudadanos y observadores independientes se posicionan como testigos pasivos, limitados a participar en consultas que, según detractores, carecen de peso vinculante, lo que aviva debates sobre la verdadera democratización versus un control autoritario.
En suma, esta reforma electoral expone fracturas profundas en el sistema político mexicano. Mientras el oficialismo defiende su apertura y enfoque popular, las críticas por autoritarismo, contradicciones personales y falta de consensos genuinos invitan a una reflexión crítica sobre el equilibrio entre cambio y estabilidad institucional. El desenlace dependerá de la capacidad para integrar posturas divergentes, evitando que el proceso se convierta en un mero ejercicio de poder.
