El entorno de negocios en México para el año 2026 se perfila bajo un escenario de riesgo político elevado, impulsado por una combinación de factores internos y presiones internacionales. El análisis de la consultora Integralia identifica tres condiciones fundamentales que estructuran este panorama: la consolidación de la concentración de poder, un crecimiento económico aletargado y obstáculos estructurales en seguridad y justicia.
Concentración de Poder y Debilitamiento Institucional
Uno de los riesgos más significativos para 2026 es la potencial aprobación de una reforma que vulnere la integridad del sistema electoral. Esta iniciativa busca disminuir las facultades operativas de los órganos electorales, como el INE, y restringir la competencia política, lo que afianzaría el control del oficialismo sobre los procesos democráticos. Entre las implicaciones previstas se encuentran la posible eliminación o reducción de cargos por representación proporcional y la elección de consejeros electorales por voto popular, lo que podría derivar en una mayor politización y menor profesionalismo del árbitro electoral.
Esta tendencia hacia la centralización no solo afecta la vida democrática, sino que incrementa la incertidumbre para los inversionistas al reducirse los contrapesos y los canales de interlocución política para las empresas.
Desafíos en la Relación Bilateral y el T-MEC
En el ámbito externo, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa una coyuntura crítica. El escenario base sugiere que, aunque es poco probable una ruptura total, el tratado podría tornarse funcionalmente más restrictivo y asimétrico, alineado primordialmente con los intereses de Washington.
México enfrenta presiones para realizar concesiones en temas de seguridad, contenido regional y, de manera crucial, en la contención de la influencia de China en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones e infraestructura digital. Estas negociaciones, marcadas por un aumento del activismo e intervencionismo de Estados Unidos en la región, elevan los costos operativos y dificultan la planeación a largo plazo para las empresas mexicanas integradas en las cadenas de valor de América del Norte.
Inversión y Certeza Jurídica
La debilidad de la inversión privada se perfila como un riesgo persistente para 2026. Esta situación es resultado de la incertidumbre generada por la implementación de reformas previas —incluyendo la judicial y la desaparición de órganos autónomos— así como por señales contradictorias del gobierno en sectores clave. La falta de claridad en las leyes secundarias y reglamentos del denominado «Plan C» complica el panorama regulatorio, obligando a las empresas a operar en un entorno de transición constante y con capacidades técnicas gubernamentales disminuidas.
A esto se suma la situación financiera de Pemex. El deterioro operativo de la petrolera estatal y su elevada deuda con proveedores podrían obligar al gobierno federal a elevar el apoyo financiero, comprometiendo aún más las finanzas públicas y limitando el margen de maniobra para la inversión productiva en otras áreas.
Seguridad y Conflictividad Social
Finalmente, el control territorial por parte del crimen organizado y la impunidad sistémica continúan siendo obstáculos estructurales para el desarrollo económico. Para 2026, se prevé que los regímenes criminales se mantengan en diversas zonas del país debido a la persistencia de redes de corrupción y la proximidad de los procesos electorales de 2027.
Paralelamente, la conflictividad social tiende al alza. Disrupciones en carreteras y bloqueos por parte de diversos colectivos (transportistas, agricultores, grupos feministas y madres buscadoras) podrían intensificarse. Un evento particular que podría servir como catalizador para visibilizar estas demandas es la Copa Mundial de Futbol, incrementando el riesgo de interrupciones logísticas en un año donde la eficiencia operativa será vital ante el lento crecimiento proyectado.
En conclusión, el año 2026 demandará de las empresas e inversionistas una capacidad de adaptación superior para gestionar un entorno caracterizado por la volatilidad institucional, el endurecimiento de las reglas comerciales regionales y una seguridad pública que sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
