En un debate transmitido por el programa «Razonados» del diario La Razón, Areli Castilla, secretaria de comunicación, difusión y propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, generó controversia al afirmar que el narcotráfico representa uno de los principales empleadores en el país. La declaración surgió en respuesta a una demanda de romper supuestos pactos con el crimen organizado, donde Castilla argumentó que los cárteles reclutan entre 160 mil y 185 mil personas, requiriendo 350 nuevos integrantes semanales para reemplazar a los detenidos o asesinados. Ante las críticas de los panelistas, intentó matizar sus palabras, enfatizando la complejidad del problema debido a la falta de oportunidades laborales generadas por el Estado y la iniciativa privada, lo que obliga a jóvenes a unirse a estas estructuras ilegales.
Esta intervención, que circuló ampliamente en redes sociales, refleja un intento de contextualizar el narcotráfico no como una justificación moral, sino como un síntoma de fallas estructurales en el sistema económico y social mexicano. Desde una perspectiva, Castilla alude a estudios como el publicado en la revista Science en 2023, que estimaba al narco como el quinto mayor empleador nacional, superando incluso a empresas como Oxxo o Pemex en términos de fuerza laboral informal. Defensores de esta visión argumentan que el comentario resalta la necesidad de políticas integrales que aborden la pobreza y el desempleo juvenil, en lugar de enfoques puramente represivos. Por ejemplo, analistas socioeconómicos señalan que en regiones como Guerrero o Michoacán, el crimen organizado llena vacíos dejados por la ausencia de inversión pública, ofreciendo ingresos que, aunque riesgosos, superan opciones legales limitadas.
Sin embargo, críticos interpretan las palabras como una peligrosa normalización del delito, equiparando actividades ilícitas con empleo legítimo. Opositores políticos, como representantes del PAN, han calificado el episodio como evidencia de una supuesta complacencia de Morena con el crimen, recordando acusaciones previas de financiamiento ilegal en campañas. En el debate, un participante confrontó directamente a Castilla, cuestionando si el gobierno debería tolerar el narco por su rol «laboral», lo que llevó a una corrección apresurada. Esta polémica invita a reflexionar sobre el pacto implícito entre seguridad y desarrollo: ¿puede el Estado combatir efectivamente el crimen sin resolver desigualdades que lo alimentan? Figuras como Marko Cortés han usado el incidente para criticar el legado de administraciones anteriores, tildándolo de «desastre heredado».
El caso también destaca tensiones internas en Morena, donde estrategias como «abrazos, no balazos» son defendidas por unos como humanistas, pero vistas por otros como ineficaces ante la escalada de violencia. En redes, el video acumuló miles de vistas y reacciones polarizadas, desde apoyos a la «realidad cruda» hasta condenas por «defensa del narco». Esta controversia subraya la urgencia de un debate nacional sobre responsabilidad gubernamental en la generación de empleo formal, sin minimizar los costos humanos del crimen organizado, que incluyen extorsiones, homicidios y desestabilización social. En última instancia, el episodio expone las grietas en el discurso público sobre seguridad, donde argumentos económicos chocan con imperativos éticos y legales.
Su nombre es Adriana Marín, varios medios dicen que es Encargada de Comunicación de la bancada de morena en el Congreso Local de CDMX y dijo literal y textualmente que:
“El narcotrafico es uno de los mayores, principales empleadores a nivel nacional”
“Reclutan alrededor de 160… pic.twitter.com/MiltlDnzUS— Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) January 7, 2026
