El desglose del gasto del gobierno federal en México, según datos de México Evalúa correspondientes a los primeros cuatro meses de 2025, revela un panorama donde los recursos se destinan predominantemente a obligaciones ineludibles y entidades estatales como Pemex, en detrimento de sectores clave para el bienestar poblacional. De cada 100 pesos del gasto neto total del sector público, que ascendió a 3 billones de pesos en ese periodo, 17 pesos se asignaron a pensiones y jubilaciones, 17 a servicios personales y 17 a participaciones a estados y municipios. Los subsidios, transferencias y aportaciones absorbieron 15 pesos, el costo financiero 13, otros gastos de operación 8, inversión física 9, inversión financiera 3 y adeudas 1. Este esquema subraya que, aunque las aportaciones federales —incluidas en participaciones y transferencias— representan alrededor del 32% si se suman categorías afines, entidades como Pemex captan recursos significativos, con un incremento del 12.6% en inversión física (126 mil millones de pesos), contrastando con recortes generales en ese rubro del 19% interanual.
Pemex, en particular, emerge como un elemento central en las finanzas públicas. Entre enero y octubre de 2025, recibió transferencias por 386 mil millones de pesos, mientras aportó solo 204 mil millones, generando un saldo negativo de 182 mil millones y un faltante total de 284 mil millones en ingresos petroleros, equivalente a casi cinco veces el presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud en el mismo lapso. Para 2026, el Paquete Económico propone transferencias de 263 mil millones a la petrolera, superando el presupuesto del Seguro Social para el Bienestar (172.4 mil millones), con un saldo neto negativo histórico de 31 mil millones. Analistas destacan que esta dinámica posiciona a Pemex como un lastre estructural, ya que sus necesidades financieras —para cubrir deudas y operaciones— desvían fondos de inversiones productivas, limitando el crecimiento económico.
En contraste, sectores esenciales para la población reciben asignaciones menores. La salud acumuló 222 mil millones de pesos (-7.9% interanual), educación 321 mil millones (-8.4%) y seguridad 94 mil millones (-11%), representando aproximadamente el 7.4%, 10.7% y 3.1% del gasto total a abril, respectivamente. Transporte, dentro de la inversión física, sufrió un recorte del 51.7% (38.6 mil millones), mientras vivienda y servicios comunitarios se integran en las transferencias federales, pero sin incrementos que compensen demandas crecientes. Esta distribución invita a la polémica: ¿refleja una estrategia soberana para rescatar Pemex o una negligencia hacia necesidades urgentes como salud y educación, agravadas por sequías y violencia? Críticos argumentan que priorizar una empresa deficitaria perpetúa desigualdades, con un margen fiscal de 1.291 billones (+15%), pero enfocado en compromisos obligatorios que consumen tres de cada cuatro pesos en 2026.
Esta configuración genera debate sobre la responsabilidad en la gestión presupuestal. Mientras defensores ven en Pemex un pilar de independencia energética, opositores lo tildan de carga fiscal que compromete el desarrollo social, especialmente cuando el déficit público se redujo (-63.2%), pero a costa de subejercicios en bienestar (-26.4%) y medio ambiente (-29.2%). En última instancia, el equilibrio entre rescates estatales y prioridades poblacionales definirá la sostenibilidad fiscal, urgiendo reformas que alineen el gasto con demandas reales.
