La declaración del cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, resalta una realidad que trasciende el ámbito eclesiástico: la imposibilidad de emprender negocios sin enfrentar extorsiones, conocidas como «cobro de piso», y el estancamiento provocado por la violencia. Emitida en un contexto de creciente inseguridad, esta afirmación subraya que la Iglesia Católica mexicana ha optado por visibilizar un problema que, según el prelado, ya no se puede ocultar, urgiendo a una acción colectiva para restaurar el progreso social y económico.
En 2025, México registró un incremento del 23.1% en denuncias de extorsión comparado con 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este delito afectó a 8,585 víctimas reportadas, aunque expertos estiman una cifra negra superior al 90%, donde las denuncias no se materializan por temor a represalias. La Encuesta Pulso de la Tiendita de Barrio 2025 revela que la inseguridad es el principal obstáculo para el 25% de los pequeños comercios, con pérdidas económicas que superan los 21 mil millones de pesos para empresarios hasta septiembre, como indicó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En regiones como Jalisco, donde Robles Ortega ejerce su ministerio, el crimen organizado ha extendido su influencia a fiestas patronales y parroquias, forzando pagos que alteran rutinas familiares y disuaden inversiones.
Esta intervención eclesiástica invita a la polémica al cuestionar implícitamente la eficacia de las estrategias gubernamentales en materia de seguridad. Mientras la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, promulgada en octubre de 2025, representa un avance normativo, críticos argumentan que su implementación ha sido insuficiente, perpetuando una «impunidad récord» en un sexenio calificado por analistas como «seis años perdidos» en combate al delito. La voz del cardenal, al provenir de una institución tradicionalmente reservada en temas políticos, genera debate sobre la separación entre Iglesia y Estado: ¿es un llamado moral legítimo o una incursión en la arena pública que podría polarizar opiniones?
Económicamente, la extorsión asfixia a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99% del tejido productivo nacional. Amenazas como estas fomentan la informalidad, reducen expansiones y elevan costos operativos, impactando el crecimiento del PIB. En un balance de fin de año, la Coparmex advirtió un aumento del 5% en extorsiones durante 2025, vinculándolo a la ausencia de principios éticos en la actividad política y a un Estado que no responde a la altura de las necesidades ciudadanas.
La postura de la Iglesia, al demandar responsabilidad en todos los niveles, podría catalizar diálogos intersectoriales, pero también avivar controversias sobre quién debe liderar la respuesta: ¿el gobierno federal, los estados o la sociedad civil? En última instancia, estas declaraciones evidencian que la inseguridad no es solo un desafío de orden público, sino un obstáculo estructural al desarrollo, exigiendo medidas integrales que trasciendan ciclos electorales.
“Hoy no puedes poner un negocio porque te caen cobrándote”, lamentó el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara
“Es imposible progresar con la violencia”, subrayó
Duras palabras durante la Misa de Año Nuevo, ante el aumento del cobro de piso pic.twitter.com/k1vbDEab85
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 1, 2026
