La reciente petición de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue los ingresos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha reavivado debates sobre transparencia patrimonial y congruencia política en México. Esta iniciativa, presentada el 26 de diciembre de 2025, surge en medio de imágenes circuladas en redes sociales que muestran a José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, realizando compras en tiendas de lujo en Houston, Texas, como Loro Piana y Hermès. Los legisladores panistas argumentan que el estilo de vida de los López Beltrán —incluyendo viajes internacionales, adquisiciones de alto costo y asociaciones con figuras de élite— contrasta con el discurso de austeridad republicana promovido durante el sexenio de López Obrador, y demandan claridad sobre las fuentes de sus recursos económicos.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, quien impulsa un Punto de Acuerdo en la Cámara de Diputados, enfatiza que la solicitud no implica una acusación directa, sino un llamado a la revisión de depósitos, conceptos de ingresos y congruencia con actividades profesionales declaradas, amparado en las facultades de la UIF para asuntos de interés público. Su colega Federico Döring ha sido más enfático, calificando el comportamiento como hipócrita y exigiendo disculpas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum por la aparente discrepancia entre la narrativa oficial de Morena y las acciones de la familia del fundador del movimiento. Esta postura invita a la controversia al sugerir que los hijos podrían beneficiarse de posiciones privilegiadas derivadas del poder presidencial, sin oficios o profesiones comprobadas que justifiquen su tren de vida, lo que polariza opiniones entre quienes ven corrupción encubierta y aquellos que perciben una persecución política.
Del lado opuesto, figuras aliadas a Morena han rechazado la petición como un ataque infundado motivado por rencor opositor. El senador Gerardo Fernández Noroña defendió a José Ramón López Beltrán, describiéndolo como un «buen hombre» que no está obligado a rendir cuentas públicas por no ocupar cargos oficiales, y atribuyendo las críticas al odio acumulado contra el expresidente. Esta respuesta genera polémica al cuestionar si la privacidad familiar debe prevalecer sobre la transparencia cuando existe un vínculo directo con figuras públicas, especialmente en un contexto donde López Obrador ha enfatizado la honestidad como pilar de su legado.
En cuanto a las fuentes de ingresos conocidas, José Ramón López Beltrán ha sido vinculado a actividades empresariales, incluyendo una chocolatería en la Ciudad de México operada junto a sus hermanos Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Andrés Manuel López Beltrán, conocido como «Andy», ha enfrentado señalamientos previos por presuntos contratos millonarios a través de redes de amigos, denominadas «El Clan», aunque sin cargos formales. Gonzalo Alfonso, el menor, se dedica a la producción musical y actividades creativas. Sin embargo, la opacidad en sus declaraciones patrimoniales —ya que no son funcionarios— alimenta especulaciones sobre posibles enriquecimientos ilícitos, incluyendo investigaciones reportadas en Estados Unidos por paraísos fiscales.
Este episodio resalta tensiones estructurales en la política mexicana: la intersección entre vida privada y escrutinio público, el uso de instituciones como la UIF para fines partidistas y la persistencia de narrativas de corrupción que dividen a la sociedad. Mientras la oposición busca capitalizar el contraste con la «austeridad», defensores argumentan que se trata de difamación sin pruebas, perpetuando un ciclo de confrontación que erosiona la confianza institucional. Hasta el momento, ni López Obrador ni la UIF han emitido una posición oficial, dejando el debate abierto a interpretaciones que podrían influir en el panorama electoral rumbo a 2027.
