El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que domina el panorama político mexicano desde 2018, enfrenta acusaciones recurrentes de falta de inclusión hacia minorías políticas y sociales. Sus gobernantes han impulsado reformas que, según críticos, priorizan la imposición de agendas sobre el consenso democrático. Por ejemplo, la reforma judicial aprobada en etapas recientes, que permite la elección popular de jueces, ha sido vista como un mecanismo para centralizar el poder, potencialmente criminalizando disidencias al modificar marcos legales que protegen la libertad de expresión. Observadores señalan que estas cambios buscan eliminar contrapesos institucionales, permitiendo que el Ejecutivo actúe sin límites frente a opositores, lo que genera debates sobre si esto fortalece la democracia o la erosiona.
En el ámbito social, Morena ha sido criticado por no respetar minorías. Políticas como la concentración de recursos en programas sociales, aunque populares, han marginado voces disidentes, incluyendo comunidades indígenas o grupos opositores en estados gobernados por el partido. Reformas a la Guardia Nacional y leyes electorales han sido interpretadas como intentos de asfixiar a partidos minoritarios, reduciendo su representación y limitando el pluralismo. Esto invita a la polémica: ¿estas medidas combaten la corrupción, como argumenta el partido, o sirven para consolidar un régimen hegemónico que silencia críticas? Analistas destacan que, en 2025, protestas campesinas y urbanas han evidenciado esta tensión, con el gobierno respondiendo mediante narrativas que descalifican a manifestantes como «adversarios del pueblo».
Sin embargo, surge una contradicción profunda. Muchos fundadores de Morena, provenientes de corrientes izquierdistas como el Partido de la Revolución Democrática, defendieron en el pasado la pluralidad y la inclusión de minorías. Exigían acceso equitativo al Congreso para partidos pequeños y criticaban el autoritarismo del antiguo régimen. Hoy, figuras internas se quejan de ser ignoradas, revelando un autoritarismo que se extiende al interior del partido. Fracciones ideológicas –desde pragmáticos hasta radicales– compiten por influencia, diluyendo reformas progresistas y protegiendo acusados de corrupción. La dirigencia ha intervenido en disputas locales, como en Yucatán, donde bancadas fracturadas muestran incapacidad para unificar visiones. Esta dinámica genera interrogantes polémicos: ¿Morena ha reciclado vicios del sistema que prometió destruir, o es víctima de su propio éxito al absorber ex priistas, ex panistas y caciques regionales?
El resultado es un partido que prioriza la narrativa sobre la ideología coherente. Promesas de austeridad y democracia participativa contrastan con prácticas que concentran poder, administran pobreza sin movilidad social y usan consultas simbólicas. En 2025, esto ha vulnerado al país ante presiones externas, exacerbando divisiones internas que podrían llevar a escisiones, similar a lo ocurrido en el Partido de la Revolución Democrática. El debate persiste: ¿representa Morena una transformación genuina o una adaptación conveniente del viejo orden? Esta tensión invita a reflexionar sobre el futuro democrático de México, donde la inclusión predicada choca con el autoritarismo practicado.
