El diputado federal de Morena, Arturo Ávila, ha generado controversia al acusar públicamente a la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, de destinar recursos excesivos a publicidad en la plataforma Facebook. Esta declaración, emitida en el contexto de debates presupuestales y políticos, ha sido rebatida por usuarios de redes sociales que, al consultar datos públicos de Meta, revelaron discrepancias significativas en los gastos publicitarios de ambos funcionarios. Ávila, quien se posiciona como aspirante a una candidatura en las elecciones de 2027, argumentó que Rojo de la Vega «se la pasa gastando en Facebook», insinuando un uso ineficiente o derrochador de fondos para promoción personal.
Sin embargo, revisiones independientes basadas en la biblioteca de anuncios de Meta indican que la alcaldesa ha invertido aproximadamente 47 mil pesos en publicidad durante un periodo de cinco años, una cifra modesta en comparación con los más de 4.1 millones de pesos atribuidos a la página asociada con Ávila en un lapso similar. Estos datos, accesibles al público, han circulado ampliamente en plataformas como X y Facebook, donde publicaciones opositoras lo tildan de «hipócrita» y «mediocre», destacando que parte de sus gastos incluyen campañas para impulsar narrativas contra Rojo de la Vega, con un desembolso específico de 20 mil pesos en anuncios dirigidos. Ávila, en respuesta, ha calificado estas críticas como provenientes de «pseudo medios de ultra derecha» y ha defendido su transparencia, argumentando que sus inversiones publicitarias son públicas y necesarias para contrarrestar ataques opositores.
Este episodio se enmarca en un panorama de tensiones políticas en la capital mexicana, donde Ávila, como vocero de los diputados de Morena, busca consolidar su perfil para contender en 2027, posiblemente por la jefatura de la demarcación Cuauhtémoc o un cargo superior, lo que evidencia una ambición por desplazar figuras opositoras como Rojo de la Vega, afiliada a coaliciones contrarias al oficialismo. Analistas independientes observan que tales acusaciones mutuas reflejan estrategias de descrédito comunes en periodos preelectorales, pero este caso invita a debates sobre la equidad en el uso de recursos digitales para fines políticos.
La polémica se intensifica al cuestionar el origen de los fondos: mientras Rojo de la Vega ha enfatizado en foros públicos su enfoque en presupuestos para mejorar la calidad de vida en la demarcación, críticos de Ávila especulan sobre si sus millonarios gastos provienen de partidas legislativas o donaciones partidistas, aunque no hay evidencia concreta de irregularidades. Por otro lado, simpatizantes del diputado argumentan que sus inversiones responden a la necesidad de defender logros gubernamentales ante campañas opositoras agresivas, incluyendo montajes y difamaciones. Esta disparidad en cifras ha alimentado discusiones sobre transparencia en la publicidad política, con llamados a regulaciones más estrictas por parte de organismos como el Instituto Nacional Electoral, que podría revisar estos patrones en futuras campañas.
Los impactos potenciales abarcan la credibilidad de ambos actores: para Ávila, la revelación podría erosionar su imagen como defensor de la austeridad morenista, mientras que para Rojo de la Vega representa una oportunidad para resaltar contrastes en gestión. En un contexto de polarización, este incidente podría influir en alianzas partidistas y percepciones electorales rumbo a 2027, donde el control de demarcaciones clave como Cuauhtémoc será pivotal. Monitorear evoluciones en redes sociales y respuestas institucionales será crucial para evaluar si se traduce en investigaciones formales o meras escaramuzas mediáticas.
