La presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un intenso debate al calificar muchas desapariciones como «ausencias voluntarias» motivadas por problemas familiares, en lugar de vincularlas directamente con la delincuencia organizada. Durante una conferencia reciente, afirmó que el registro oficial solo considera como desaparecida a una persona si existe una carpeta de investigación formal, lo que implica un cambio en la metodología de conteo. Aseguró que en breve se presentará un informe detallado sobre el tema, con el objetivo de clarificar las cifras y las acciones gubernamentales. Esta postura busca diferenciar entre casos de ausencia temporal y aquellos que requieren intervención inmediata, pero ha sido interpretada por críticos como un intento de minimizar la gravedad de la crisis humanitaria que afecta a miles de familias mexicanas.
De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 125.000 casos acumulados en el país, con un incremento notable durante los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum, que inició en octubre de 2024. Informes preliminares indican que, hasta octubre de 2025, se registraron al menos 14.765 nuevas desapariciones, lo que representa un aumento del 16% respecto al último año de la administración anterior. Organizaciones civiles, como el colectivo A Dónde Van los Desaparecidos, estiman un promedio de 40 desapariciones diarias, superando las tasas previas. En noviembre de 2025, se reportó un alza del 74% en los casos no localizados comparado con periodos similares, con énfasis en que el 73% de las víctimas son hombres y el 26% mujeres, incluyendo un número alarmante de menores y adolescentes.
Esta realidad contrasta con el discurso presidencial, que enfatiza la distinción entre ausencias voluntarias y desapariciones forzadas. Investigadores y grupos como Amnistía Internacional destacan que esta clasificación podría subestimar el problema, ya que muchas familias enfrentan obstáculos para abrir carpetas de investigación debido a burocracia o miedo a represalias. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha expresado preocupación por la persistencia del fenómeno, urgiendo al gobierno mexicano a fortalecer mecanismos de búsqueda y prevención. Elementos polémicos surgen al comparar con administraciones pasadas: durante los seis años de Felipe Calderón (2006-2012), se registraron 16.983 desapariciones, un promedio de siete diarias. Bajo Sheinbaum, la cifra en solo 14 meses alcanzaría 17.194 según estimaciones independientes, rebasando ese total con un ritmo de hasta 45 casos al día, lo que invita a cuestionar la efectividad de las estrategias de seguridad actuales.
La controversia se amplifica en redes sociales, donde colectivos de familiares de desaparecidos denuncian que el término «ausencia voluntaria» invisibiliza el dolor y la urgencia de justicia. Informes de organizaciones no gubernamentales, como el de la Red Lupa, señalan que el Estado ha fallado en localizar a miles, con un enfoque en el conteo que prioriza la depuración de listas sobre la resolución de casos. Esta discrepancia entre la narrativa oficial optimista y los datos de terreno genera tensiones, ya que podría erosionar la confianza pública en las instituciones. Analistas observan que, si bien el gobierno ha anunciado acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la falta de transparencia en las cifras alimenta acusaciones de manipulación estadística.
En resumen, la posición de Sheinbaum busca racionalizar el registro para enfocarse en casos verificados, pero choca con evidencias de un incremento sostenido en desapariciones. Esta tensión subraya la necesidad de un diálogo inclusivo entre el Estado, la sociedad civil y organismos internacionales para abordar una crisis que trasciende administraciones y requiere soluciones integrales, sin relativizar su impacto humanitario.
