El delito de corrupción de menores ha marcado un inicio de sexenio alarmante en México. De octubre de 2024 a octubre de 2025, se han registrado 2,768 denuncias a nivel nacional, un fenómeno que no solo expone una grave crisis de seguridad infantil, sino que también muestra un repunte mensual preocupante.
El dato más reciente, el de octubre de 2025, reportó 327 denuncias, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el mismo mes del año anterior (294 casos). Este incremento subraya la urgencia de redoblar las estrategias de protección a la infancia en el país.
Focos Rojos: Los Estados más Afectados
El problema de la corrupción de menores, un delito que atenta directamente contra el desarrollo y la integridad de la infancia, está lejos de ser uniforme en el territorio. Tres entidades concentran casi la mitad de los casos documentados en el primer año de la administración federal: Guanajuato (577), la Ciudad de México (318) y Nuevo León (293), que juntas suman el 43% del total de denuncias del sexenio.
Para dimensionar el riesgo real que enfrentan los niños y adolescentes, es fundamental analizar las tasas de incidencia por cada millón de habitantes. En este indicador, el panorama cambia, poniendo en el foco a entidades con menor población pero alta peligrosidad: Baja California Sur lidera con 95 casos por millón, seguida muy de cerca por Guanajuato con 94 y Baja California con 65. Estas cifras contrastan fuertemente con el promedio nacional, que se ubica en 23 casos por cada millón de habitantes.
La Gravedad de un Delito Amplio
El repunte en las denuncias genera una alerta urgente para la política de seguridad pública y el sistema de justicia. La corrupción de menores, de acuerdo con el marco legal mexicano, abarca una amplia gama de conductas que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de la niñez.
No se limita a los actos de índole sexual o lasciva, sino que también incluye inducir o facilitar a un menor de 18 años a caer en el consumo habitual de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, la explotación para la mendicidad, la comisión de delitos, o a formar parte de una asociación delictuosa. La gravedad del ilícito se refleja en las penas, que pueden ir de 10 hasta 21 años de prisión, con agravantes según la edad de la víctima.
Si bien las cifras históricas a nivel nacional han mostrado una ligera tendencia a la baja en los últimos años —con un total anual de 2,949 casos en 2022 y 2,835 en 2023—, el acumulado de 2,768 casos hasta octubre de 2025, aunque es un 2% menor al total de 2024, no permite bajar la guardia. El incremento del 11% en el mes de octubre pasado en comparación anual subraya la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y persecución de este delito de alto impacto social.
El combate a la corrupción de menores es una asignatura pendiente en la agenda de seguridad. Las autoridades, desde el ámbito federal hasta el local, tienen la responsabilidad ineludible de proteger a la población más vulnerable. Los datos expuestos son un llamado a la acción inmediata para enfrentar un flagelo que destruye el futuro de la juventud mexicana. La ciudadanía, a su vez, debe mantenerse alerta y participativa, denunciando cualquier indicio de este crimen para presionar por una justicia que sea rápida y efectiva. La seguridad de los niños y adolescentes no puede ser un tema secundario en la política nacional. La sociedad espera resultados contundentes que reviertan esta tendencia y garanticen un entorno seguro y de pleno desarrollo para los menores del país.
