El Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) es un buen momento para hacer un balance honesto sobre México. Los datos son contundentes y, lamentablemente, coinciden con la mayoría de las fuentes independientes serias. Este es el panorama actual con cifras recientes y contexto:
Percepción y realidad de la corrupción en México (2024-2025)
– Índice de Percepción de la Corrupción 2024 (Transparencia Internacional, publicado en enero 2025): México obtuvo 26 puntos de 100 y se ubicó en la posición 140 de 180 países, la peor calificación histórica del país (empatado con Rusia, Uganda y Comoros). Es el peor lugar en toda América Latina excepto Venezuela y Haití.
– Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023, INEGI, publicada 2024):
– 45.2 % de la población mayor de 18 años experimentó al menos un acto de corrupción al realizar trámites o servicios públicos.
– El costo promedio por persona que pagó mordida fue de 6,400 pesos.
– Las entidades con mayor incidencia: Puebla, Morelos, Ciudad de México, Quintana Roo y Guerrero.
– Empresas: 14.3 % de las unidades económicas reportaron actos de corrupción (la cifra más alta desde 2015).
– Servidores públicos sancionados: Aunque sí aumentaron las carpetas de investigación (de 4.6 a 24.8 por cada mil servidores públicos federales entre 2018-2023), la inmensa mayoría termina en el archivo o sin sentencia firme. La impunidad sigue siendo superior al 99 % en casos de corrupción de alto nivel.
Los grandes elefantes en la habitación (casos emblemáticos 2018-2025)
– Segalmex: Más de 15 mil millones de pesos desviados (ASF, 2024). Hasta ahora solo hay 22 sentencias menores y ningún alto funcionario en prisión.
– Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado: Crecimiento exponencial de denuncias por subastas opacas y adjudicaciones directas a empresas fantasma.
– Adjudicaciones directas: En 2024 alcanzaron el 82 % del gasto en obra pública federal (México Evalúa), el porcentaje más alto en décadas.
– Huachicol fiscal: La condonación masiva de impuestos a grandes empresas (más de 400 mil millones de pesos entre 2019-2024) y la falta de persecución a factureras.
– Casa Gris, hijos del presidente, contratos a amigos y familiares: Documentados ampliamente por Latinus, MCCI y Signa_Lab ITESO, sin investigación seria por parte de la Fiscalía General (que depende ahora del Ejecutivo).
La narrativa oficial vs. la realidad
El gobierno federal sigue repitiendo que “ya se acabó la corrupción” y que “antes robaban más”. Sin embargo:
– No hay una sola condena relevante a exfuncionarios de alto nivel del sexenio actual.
– Se eliminaron o debilitaron contrapesos: desapareció la declaración 3de3 obligatoria, se reformó la Ley de Adquisiciones para ampliar adjudicaciones directas, se recortó presupuesto y personal al Sistema Nacional Anticorrupción, se atacó al INAI y se clasificaron como “seguridad nacional” obras como Tren Maya y refinería Dos Bocas para evitar transparencia.
Cultura y normalización
Lo más doloroso: la frase “el que no tranza no avanza” sigue muy viva. Según la ENCUCI 2023 (INEGI), el 79 % de los mexicanos considera que la corrupción está muy extendida o algo extendida, pero al mismo tiempo solo el 12 % denunciaría un acto de corrupción si lo viera (el resto teme represalias o cree que “no sirve de nada”).
En resumen: México no solo no ha avanzado en el combate a la corrupción durante este sexenio, sino que ha retrocedido a niveles históricos. La opacidad se institucionalizó, la impunidad se protege desde el poder y la ciudadanía, aunque indignada, sigue normalizando la mordida y el “pacto” con el político corrupto a cambio de programas clientelares.
El 9 de diciembre sirve para recordarnos que la corrupción no es un problema “del pasado” ni “de los otros partidos”. Es un problema estructural que, hoy por hoy, se administra desde el mismo palacio nacional con nuevos rostros, pero con las mismas (o peores) prácticas.
