La tragedia de las personas desaparecidas sin localizar en México continúa escalando a niveles históricos, con más de 121 mil casos acumulados desde 1988, según un reciente informe especializado. Lo más alarmante para el público interesado en la política nacional es que el 43% de todos estos reportes se concentraron durante el sexenio pasado, lo que subraya la magnitud de una crisis que se ha profundizado en la última década.
El panorama no muestra signos de mejoría en el arranque de la nueva administración. Solo en el primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum se han documentado 16,664 desapariciones sin localización, manteniendo un promedio mensual de más de 1,200 nuevos casos, una cifra que evidencia la inercia y la persistencia del problema de seguridad y derechos humanos en el país.
La desaparición forzada, un delito que a menudo implica la participación de agentes del Estado o de grupos criminales con anuencia o tolerancia de las autoridades, es uno de los mayores desafíos para la gobernabilidad y la justicia en México. El informe pone en perspectiva la dolorosa estadística: a pesar de los esfuerzos y las promesas, el país arrastra un pasivo histórico que sigue creciendo a un ritmo acelerado. La concentración de casi la mitad de los casos históricos en un solo periodo presidencial refleja una falla estructural profunda en las estrategias de seguridad y procuración de justicia.
El fenómeno de la desaparición no es homogéneo en el territorio. Aunque es una problemática de alcance nacional, ciertas entidades concentran el mayor número de reportes. Los estados de Ciudad de México (CDMX), Estado de México (EdoMex), Sinaloa (SIN), Guanajuato (GTO) y Baja California (BCN) se encuentran a la cabeza de las estadísticas con el mayor número de casos de personas desaparecidas sin localizar. Estas entidades, con alta densidad poblacional o marcadas por la violencia territorial, representan puntos críticos donde la estrategia de seguridad debe ser replanteada con urgencia.
Desde una perspectiva de género, las cifras revelan una diferencia marcada. Históricamente, la mayoría de las personas desaparecidas sin localizar son hombres. No obstante, el flagelo golpea con severidad a las mujeres. Durante el primer año del nuevo mandato federal, se reportaron 4,364 mujeres desaparecidas sin localizar, lo que representa el 26% de todos los casos registrados en ese mismo periodo. Esta estadística confirma que, si bien los hombres son mayoría en las listas, la desaparición es un riesgo latente y significativo para todos los sectores de la población.
La continuidad de la crisis de desapariciones forzadas en México demanda una respuesta política contundente. Más allá de las cifras, cada caso representa una familia en duelo y una herida abierta en el tejido social. La ciudadanía, especialmente la interesada en la esfera política, exige a las nuevas autoridades no solo reconocer la magnitud del problema, sino implementar políticas de búsqueda eficaces y mecanismos de justicia que pongan fin a la impunidad que ha permitido que este delito persista y escale por décadas. El reto es monumental: transformar una estadística dolorosa en acciones de Estado que garanticen la seguridad y el derecho a la verdad de miles de mexicanos.
