La reciente iniciativa del diputado del Partido Verde, Ricardo Astudillo Suárez, que propone reformar la Ley General de Desarrollo Social para incluir el “derecho a vestir con dignidad”, ha suscitado un amplio debate sobre la viabilidad y pertinencia de tales propuestas en el contexto político y social mexicano. Junto a los derechos ya consagrados como la educación, la salud y la vivienda, la inclusión de este nuevo derecho puede parecer un intento bien intencionado de abordar la pobreza y la desigualdad, pero plantea interrogantes sobre su ejecución y su impacto real en la vida de los ciudadanos.
A primera vista, la idea de que todos los mexicanos deberían poder vestir con dignidad podría considerarse un acto de sensibilidad social. Sin embargo, al analizar más profundamente, se hace evidente que esta propuesta, más que un avance, puede ser vista como una ocurrencia que carece de una estrategia concreta para su implementación. Vestir con dignidad, aunque es un concepto que apela a valores positivos y a la mejora de la condición humana, plantea serios desafíos en términos de cómo se mediría, garantizaría y, más importante aún, cómo se financiaría.
Uno de los puntos más críticos de la discusión es que, si bien es esencial que todos los ciudadanos tengan acceso a ropa adecuada, el Estado tiene recursos limitados. La discusión no puede ser solo sobre la ideología detrás de la propuesta, sino sobre su ejecución. En este sentido, es interesante comparar esta propuesta con anécdotas del pasado político. Recordemos que el exlegislador del PAN, Juan José Rodríguez Prats, compartió una historia en la que respondía a quienes pedían darle un sustento legal al derecho a la alimentación, sugiriendo también que debería existir un derecho a defecar justificandolo con una frase que, risas aparte, sintetiza el sinsentido de la propuesta: «todo lo que entra tiene que salir». Esta anécdota ilustra cómo la creación de derechos podría volverse un ejercicio acomodaticio si no se contextualiza adecuadamente.
El “derecho a vestir con dignidad”, además, puede desviar la atención de cuestiones más apremiantes que afectan a la sociedad mexicana hoy en día. Problemas como la violencia, la corrupción y la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad requieren acciones más concretas y menos simbólicas. Por lo tanto, la inclusión de un nuevo derecho en la ley de desarrollo social podría interpretarse como un intento de desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta el país en su camino hacia una verdadera equidad social.
Asimismo, la iniciativa del diputado Astudillo Suárez no es la primera en su tipo que intenta incorporar derechos poco prácticos a la legislación, lo que revela una tendencia peligrosa en el discurso político: el uso de propuestas populistas y atractivas que,»en el papel», suenan bien, pero que no ofrecen soluciones efectivas a las cuestiones inminentes. La política pública debe ser capaz de abordar problemas reales con soluciones prácticas y viables.
Finalmente, el debate sobre lo que constituye un derecho básico debe ser serio y fundamentado, considerando la realidad económica y social del país. La ciudadanía necesita un conjunto de políticas que realmente transformen sus condiciones de vida, y que no se queden en la superficialidad de conceptos que, aunque atractivos, son difíciles de implementar.
En resumen, aunque la propuesta de Astudillo Suárez pueda estar motorizada por intenciones positivas, debe ser vista con una mirada crítica. La política social no debe caer en soluciones que suenen bien, pero que carezcan de sustento y viabilidad. La verdadera lucha por la dignidad social requiere enfoque y compromiso con la implementación de políticas efectivas que vayan más allá de meras ocurrencias legislativas.
