El nombre de Segalmex pasará a la historia sin lugar a dudas, el reto hoy es saber si los programas sociales son entregados a las comunidades necesitadas, o si por el contrario son parte de una red de empresas fachadas amañadas con el Gobierno.
Lo que no se vale son las verdades a medias, por eso pondré la lupa en las últimas historias, en los contratos, en las adjudicaciones, en los informes de la ASF y haré visitas de campo.
En las últimas semanas, diversas publicaciones y comentarios en redes sociales señalaron a la empresa Konkistolo, insinuando que operaba desde un simple departamento y sugiriendo irregularidades en contratos vinculados a programas sociales.
Las imágenes de un domicilio particular circularon como prueba del supuesto fraude. Sin embargo, detrás del escándalo mediático, los datos verificados cuentan otra historia.
En periodismo, los titulares ruidosos llaman la atención, pero los hechos se sostienen en documentos y visitas de campo. Por eso realizamos una verificación independiente:
- Revisión documental:
- Consultamos el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos de la razón social de Konkistolo.
- Accedimos a los informes públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre los contratos señalados.
- Verificación en campo:
- Visitamos el domicilio fiscal registrado ante el SAT: un almacén operativo, no el departamento mostrado en algunos reportajes.
- Comprobamos que el inmueble ya había sido inspeccionado por la entidad contratante y por la ASF.
- Entrevistas con fuentes directas:
- Conversamos con una de las dueñas de Konkistolo, quien aclaró que el departamento difundido pertenece a su padre y no está vinculado con las operaciones de la empresa, sin embargo, se sintió acosada y presionada por compañeros del periodismo, por lo que decidió negar los hechos ante el temor de la extorsión y el secuestro.
- Consultamos a funcionarios encargados de la supervisión de los programas sociales, quienes confirmaron que los apoyos sí han llegado a las comunidades beneficiarias.
- Contraste mediático:
- Revisamos reportes previos sobre la empresa y los comparamos con los informes de ejecución de programas.
Lo que encontramos
- No es empresa fantasma: El domicilio fiscal corresponde a un almacén operativo que ha sido revisado por las autoridades competentes.
- No hay daño patrimonial: Los contratos revisados cumplen con los requisitos legales y han sido supervisados por la ASF.
- Los apoyos llegaron: Testimonios en comunidades beneficiarias confirman la entrega de los programas sociales.
- La confusión mediática pesó: La difusión de imágenes de un domicilio particular ajeno a la empresa sesgó la narrativa pública.
Entre el dato duro y el titular fácil
El problema no es nuevo: imágenes llamativas y frases contundentes suelen imponerse sobre los documentos y las supervisiones oficiales.
Nuestro recorrido en campo y la revisión de informes públicos desmontan las acusaciones de fraude. Los hechos confirman que los programas se han ejecutado y que la fiscalización los ha seguido de cerca.
Una lección para el periodismo y para el debate público
En un país con desafíos de corrupción y desconfianza, la cobertura de casos que involucran recursos públicos exige más que titulares: verificación de fuentes, visitas en campo y revisión documental.
En este caso, los datos duros contrastan con las acusaciones iniciales. El verdadero reto no es desmentir escándalos, sino fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas con información verificable.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@elindependiente.com.mx
@carlosramirezh
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