La credibilidad de un partido político que enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad se ve irremediablemente comprometida cuando figuras clave en su administración o en su estructura interna resultan estar profundamente ligadas a actividades criminales. El caso de La Barredora, donde un individuo logra ascender a un puesto de alta responsabilidad en seguridad estatal y simultáneamente operar como líder de un grupo criminal, genera una crisis de confianza que trasciende la gestión individual y pone en entredicho la integridad del colectivo partidista y su capacidad de fiscalización.
El caso de Hernán Bermúdez Requena, exmilitante y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ilustra una contradicción flagrante: ¿cómo confiar en un movimiento que predica moralidad mientras acoge a presuntos líderes criminales en sus filas?
Bermúdez fue designado en 2021 como titular de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, actual coordinador de senadores del partido. Su trayectoria delictiva data de los años 90, cuando fue denunciado por corrupción y nexos con el crimen organizado por la propia Fiscalía de Tabasco y la Secretaría de Seguridad federal. Lideraba «La Barredora», un grupo dedicado al robo de combustible (huachicol) en la refinería Dos Bocas, extorsión y control territorial en Villahermosa. Informes militares y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lo vinculan directamente con operaciones ilícitas que costaron al erario miles de millones de pesos.
El Impacto de la Captura Institucional
El fenómeno describe un escenario de captura institucional en su manifestación más crítica. La infiltración de estructuras criminales en el aparato estatal, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad pública, no solo socava la eficacia del gobierno, sino que también desmantela la narrativa política. Un partido que llega al poder con la promesa de «limpiar la casa» enfrenta un dilema existencial cuando la evidencia sugiere que la casa ya estaba comprometida, o peor aún, que sus mecanismos internos permitieron la entrada y el ascenso de un delincuente.
El nombramiento de un líder criminal como secretario de seguridad es un fallo mayúsculo que puede ser interpretado de dos maneras: una negligencia extrema o una complicidad activa. Si los líderes del partido alegan desconocimiento de los vínculos criminales del funcionario, a pesar de las presuntas «evidencias en sentido contrario», la justificación se percibe como insuficiente. En el ámbito político, la ignorancia no es una defensa; es un indicio de incompetencia, opacidad o deliberada ceguera.
Esta hipocresía es el núcleo del problema. Morena ha construido su narrativa electoral acusando al PAN y PRI de impunidad en casos como el de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad bajo Felipe Calderón, condenado en EE.UU. por nexos con el Cártel de Sinaloa—. AMLO repetía: «Pretextar ignorancia no es creíble». Hoy, ante Bermúdez, el discurso se invierte: «No sabíamos», alegan líderes como Luisa María Alcalde, pese a reportes de inteligencia que circulaban desde 2018. La FGR y la DEA han documentado transferencias millonarias y protección oficial, desmontando la «ignorancia» como coartada.
La Crisis de Credibilidad y el Doble Estándar
El factor más corrosivo para la credibilidad es el doble estándar que se aplica. Los partidos políticos, en su retórica de oposición o de gobierno, suelen utilizar los casos de corrupción de sus adversarios para reforzar su propia imagen de pureza. Cuando señalan que la ignorancia no exime de responsabilidad a sus contrincantes, pero luego invocan esa misma ignorancia para excusar sus propios errores o fallos en la selección de personal, la ciudadanía percibe una profunda hipocresía.
Esta contradicción no solo desmoraliza a los simpatizantes del partido, sino que también refuerza el cinismo político generalizado. La gente comienza a cuestionar si la lucha contra la corrupción es un objetivo genuino o simplemente una estrategia electoral diseñada para desbancar al adversario. La paradoja es clara: ¿cómo puede un partido ser el garante de la justicia si sus filtros de integridad son tan porosos? La respuesta, desde la perspectiva del análisis político, es que la confianza se erosiona hasta un punto de difícil retorno.
Las implicaciones son profundas. En un México donde la violencia criminal cobró 30,000 vidas en 2024, infiltrar a un presunto narco en Seguridad estatal no solo socava la lucha contra el crimen, sino que fomenta la percepción de un «narcoestado» selectivo. Para las elecciones de 2026, Morena pierde terreno: encuestas de Mitofsky muestran una caída del 15% en aprobación por corrupción interna. Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, enfrenta el reto de depurar filas, pero el daño a la «Cuarta Transformación» es irreparable si no hay rendición de cuentas real.
Exigencias de Transparencia y Futuro Político
Para recuperar la confianza, el partido en cuestión debe ir más allá de la mera condena verbal. Se requieren acciones contundentes y transparentes. Esto incluye la asunción de responsabilidad política por parte de quienes tomaron las decisiones de nombramiento y afiliación, la implementación de filtros de integridad más rigurosos, y una colaboración activa e irrestricta con las investigaciones judiciales.
El caso subraya que la lucha contra la corrupción no es solo una cuestión de leyes, sino de ética y compromiso político inquebrantable. Un partido que aspira a transformar la vida pública debe demostrar que la promesa de combatir la impunidad comienza por la autodepuración y la rendición de cuentas interna, sin importar cuán dolorosas sean las revelaciones. El futuro político de cualquier organización depende, en última instancia, de si sus acciones se alinean con los principios que pregona. Si el disfraz anticorrupción se cae para revelar la complicidad o la ceguera ante el crimen, la condena electoral y el juicio histórico serán inevitables.
En resumen, creer en Morena como antídoto anticorrupción requiere ignorar evidencias que ellos mismos condenaban en rivales. Este caso no es aislado —recuerden a Cienfuegos o los «moches» legislativos—, sino síntoma de un poder que prioriza lealtades sobre ética. ¿Reforma o retroceso? La ciudadanía decide, pero la fe en promesas vacías se agota.
Imagen de portada: del lado derecho de la fotografía, se aprecia un globo con las siglas de Catem, la central sindical encabezada por el diputado morenista Pedro Haces, el polémico legislador que usa helicópteros como taxis y que festejó su cumpleaños en Madrid en un hotel de lujo.
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