Desde hace siete años el fenómeno se repite, vándalos cometen delitos tipificados en la vía pública de la Ciudad de México, sin que las autoridades, que tienen la obligación ineludible no discrecional de arrestar a los responsables y detener así los daños a personas, bienes públicos y privados y preservar el orden público tomen las acciones de Ley. Ahora vandalismo contra el Campo Militar 1, en absoluta inmunidad.
En diversas movilizaciones públicas que en general practican personas pacíficas, aparecen otras encapuchadas que cometen delitos, sin que la policía intervenga. ¿Qué es lo que pasa? Que los responsables de proteger a la ciudadanía y sus bienes, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen instrucciones “superiores” de NO intervenir, de no cumplir su obligación de detener actos delincuenciales.
El colmo es que esos delincuentes encapuchados causen daños a un recinto militar en Ciudad de México y tampoco los elementos del Ejército responsables de su cuidado no muevan un dedo para evitar que los vándalos realicen esos daños. ¿Qué sucede también aquí? Que el morenismo les ordena no actuar como es su obligación para evitar esos daños en propiedad federal militar.
Así, vemos en la televisión en vivo y en directo, cómo supuestos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa encapuchados secuestran un camión de una empresa y poniéndolo en reversa intentan destruir la puerta del Campo Militar 1, y lo logran, sin que ni los militares presentes dentro del recinto ni policías de la ciudad hagan absolutamente nada para evitar el delito ni detengan a los vándalos, que se retiraron sin problemas. El camión se incendia y prontamente la policía intenta apagar el fuego. Prontos para ello e inmóviles para evitar el delito.
La política abiertamente iniciada por López Obrador y continuada por Sheinbaum es que el gobierno “no reprime” al pueblo. Pero detener delitos en flagrancia no tiene nada que ver con represión policiaca, es cumplir con la obligación constitucional de proteger a la población y sus bienes, privados y públicos. Desgraciadamente, los vándalos se atienen a que las autoridades responsables de la seguridad pública les darán absoluta impunidad para cometer sus delitos. Eso sí, cuando hace unas semanas servidores públicos del Poder Judicial federal protestaron cerrando Periférico Poniente, fueron violentamente desalojados por la policía. Como si ellos no fueran también pueblo.
Y si los responsables de dicha seguridad ni siquiera cumplen con su obligación de proteger bienes como en el caso mencionado del Campo Militar 1, ¿qué pueden esperar las personas en lo particular? Muchas, muchas críticas y protestas ha habido exigiendo la protección ciudadana por la policía y las fuerzas armadas, sin que siquiera reciban alguna excusa tonta, mucho menos alguna con tintes de legalidad de su inacción.
De hecho, los militares han recibido en los gobiernos morenistas órdenes de ni siquiera defenderse cuando son atacados y humillados por civiles. Muchas veces se han publicado videos de grupos de militares acorralados, humillados, golpeados y hasta desarmados, sin que puedan, por obediencia, defenderse.
Esta práctica de impunidad ante el vandalismo contra particulares, gobiernos y milicia no tiene justificación alguna y es inaceptable. La exigencia de aplicación de la Ley en estos casos se debe de continuar y aumentar en su escala pública, para intentar al menos que la presidencia y la jefatura de gobierno morenistas, dejen esa ilegal política de no actuar en contra de los vándalos, esos que actúan abiertamente y hasta frente a policías sabiendo que no les va a pasar nada.
@siredingv
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