El Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública (LEDIP) del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO elaboró un análisis técnico sobre la iniciativa para reformar la Ley de Amparo. El documento reconoce avances como el impulso a la tramitación electrónica, la definición legal de la apariencia del buen derecho y la fijación de un plazo de 60 días para dictar sentencia.
No obstante, el LEDIP identifica riesgos relevantes para el acceso a la justicia: 1) exigir “lesión diferenciada” para el interés legítimo podría restringir amparos en materias colectivas o difusas (medio ambiente, salud, pueblos originarios); 2) nuevas reglas sobre suspensión limitarían la tutela cautelar en giros sujetos a permisos y en materia de deuda pública; 3) la regulación de la recusación podría permitir que juzgadores continúen conociendo asuntos pese a impedimentos, y 4) las exclusiones penales por “imposibilidad” de cumplir fallos abren la puerta al desacato y debilitan la fuerza de las resoluciones.
“México necesita modernizar el amparo sin erosionar su función esencial: proteger derechos y controlar el poder. Corregir estos puntos es indispensable para evitar retrocesos”, señala el LEDIP.
A continuación, el documento integró del análisis:
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