En las pasadas elecciones de Durango, donde se renovaron las alcaldías, Morena y sus aliados perdieron municipios. En 2022 habían ganado 18 y en la reciente elección solo obtuvieron 16. En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle reconoció un retroceso significativo: en 2022, la alianza encabezada por Morena ganó en 69 municipios, mientras que el pasado 1 de junio solo triunfó en 60.
En la elección judicial, a pesar del discurso triunfalista y los esfuerzos por desestimar la operación con «acordeones»—así como la afirmación de que los 35 millones de electores que respaldaron a Claudia Sheinbaum apoyaban la reforma al Poder Judicial—, solo consiguieron 10 millones de votos válidos, descontando los nulos y las boletas con casillas sin utilizar. Este total apenas logró reunir los casi 13 millones de votos que tanto presumen.
Sorprende este resultado, considerando que la popularidad de la presidenta Sheinbaum, según las encuestas, se mantiene en un 70%.
Este patrón de resultados ha sido una constante desde el sexenio anterior: la votación por Morena se reduce progresivamente y sus triunfos son ahora por márgenes escasos. Los beneficiarios de los programas sociales parecen haberse convertido en su nueva clientela electoral, lo que les permite obtener los votos que luego exhiben.
Cabe destacar que la oposición ha mantenido un perfil bajo, acumulando escándalos en su actuar y sin capitalizar los errores de Morena —especialmente los de corrupción—. Además, carece de figuras de peso que atraigan a los electores.
Es importante recordar que, en las elecciones federales de 2021, Morena sufrió un retroceso que se tradujo en la pérdida de posiciones en la Cámara de Diputados y en las alcaldías de la Ciudad de México. Ante esta situación, el gobierno de López Obrador reaccionó aumentando el presupuesto de la Secretaría del Bienestar para incrementar el número de beneficiarios de los programas sociales y, así, recuperar el terreno electoral de cara a 2024, como finalmente sucedió.
El riesgo de que este escenario se repita en 2027 es alto. A esto se suman nuevos elementos que podrían mermar aún más los votos de Morena y provocar una nueva reducción en su bancada en San Lázaro.
El desabasto de medicinas, los intentos de censura —ya sea mediante leyes o a través de órganos judiciales que multan a quienes se atreven a criticar a algún miembro del partido oficial—, la creciente inseguridad que se refleja en el número de homicidios y otros delitos, las evidencias de una recesión económica y los continuos escándalos de corrupción son factores determinantes a considerar para anticipar un voto de castigo a Morena en las próximas elecciones federales.
La gran pregunta es si este escenario se materializará.
La oposición sigue mostrando falta de oficio y de capacidad de reacción, sin propuestas claras o habilidad para capitalizar los errores de Morena. Las organizaciones ciudadanas, por su parte, no logran coordinarse para ofrecer un frente común y persisten los intentos de cerrar los espacios a los ciudadanos que buscan manifestar su desacuerdo con las políticas impuestas por el partido oficial.
Así, todo dependerá de una ciudadanía que padece en carne propia los efectos de decisiones que afectan la economía, el sistema de salud, la seguridad pública y la libertad de expresión, entre otros temas.
Si en la pasada elección judicial, tan crucial para el oficialismo en su afán de apoderarse del Poder Judicial, solo lograron movilizar a cerca de 13 millones de votantes —de los cuales 3 millones anularon su voto o no supieron cómo votar— y los malos resultados persisten para el partido oficial, se abre una oportunidad para que la oposición recupere parte del terreno electoral perdido.
En consecuencia, el escenario electoral de 2027 podría transformarse si el voto de castigo de la población se hace presente, algo que sabremos en dos años.
