Un reciente informe de TResearch International sobre la incidencia de secuestros en México ha encendido las alarmas, o al menos ha generado un debate entre los que creen que las cifras oficiales reflejan una realidad y los que, escépticos, desconfían de la narrativa gubernamental. El documento, correspondiente a abril de 2025, señala que el país registró 40 casos de secuestro, presentándose como la cifra más baja para un mes de abril en al menos once años. Un dato que, si bien suena alentador, no logra disipar la profunda preocupación por la inseguridad que permea en la sociedad mexicana.
Según los datos de TResearch, que cita información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los primeros siete meses del sexenio de Claudia Sheinbaum se acumulan 536 casos de secuestro. La consultora resalta que esta cifra se encuentra “lejos de los niveles registrados con AMLO en el mismo periodo”. Este comparativo busca establecer una tendencia a la baja, lo que podría interpretarse como un logro de la actual administración. No obstante, para un público acostumbrado a la manipulación de cifras y la retórica oficial, la cautela es la norma.
El informe profundiza en la comparación histórica, indicando que en abril de 2025 se contabilizaron 40 secuestros, una reducción frente a los 64 de abril de 2024, los 73 de 2023 y los 107 de 2015. Se enfatiza que la tendencia anual “sigue a la baja”, un mensaje que resuena con la narrativa oficial de un México más seguro. Sin embargo, ¿estas cifras representan una verdadera disminución del delito o una mejora en la forma en que se registran, o se omiten, los casos? La pregunta es válida cuando la percepción ciudadana dista mucho de los números alegres.
A pesar de la supuesta baja generalizada, el estudio también pone el dedo en la llaga al señalar a Chihuahua y Chiapas como “foco rojo”. En lo que va del sexenio, Chihuahua ha registrado 131 secuestros y Chiapas 64, posicionándose como las entidades con mayor incidencia de este delito. Este dato es crucial, pues a pesar de los números optimistas a nivel nacional, la realidad en ciertos estados sigue siendo cruda y dolorosa para sus habitantes. La “reducción respecto a 2019”, que el informe cifra en 264 secuestros de enero a abril de 2025, parece ignorar la angustia diaria de miles de familias mexicanas.
Mientras el gobierno celebra estas estadísticas como un éxito en la lucha contra la delincuencia, una parte significativa de la población, en particular aquellos que se identifican con la oposición, mira estos datos con escepticismo. La desconfianza en las instituciones y en la transparencia de la información es un sentimiento arraigado, alimentado por años de impunidad y por la percepción de que la vida cotidiana no ha mejorado, sino todo lo contrario. ¿Serán estas cifras una verdadera muestra de progreso o simplemente un intento de maquillar una realidad mucho más compleja y preocupante? La sociedad mexicana, acostumbrada a las promesas incumplidas, exige no solo números, sino resultados tangibles y una paz que aún parece lejana.
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