La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en su más reciente informe sobre el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) que la deuda pública de México ascendió a 17 billones 536 mil millones de pesos en enero de 2025. Este monto representa el nivel más alto jamás registrado en la historia del país, lo que enciende las alarmas sobre sostenibilidad fiscal y su impacto en la economía cotidiana de los ciudadanos.
El SHRFSP, que mide la deuda total del sector público federal incluyendo al gobierno, empresas como Pemex y la CFE, y otros organismos, ha crecido de manera significativa en los últimos años. Para contextualizar, en diciembre de 2018, al inicio de la administración anterior, esta cifra se encontraba en 10.55 billones de pesos. En poco más de seis años, el endeudamiento ha aumentado en casi 7 billones, un incremento del 66%. Este dato refleja tanto el uso de financiamiento para enfrentar crisis como la pandemia, como los costos asociados a proyectos insignia y el sostenimiento de programas sociales.
Según el informe de Hacienda, al cierre de 2024, el saldo de la deuda bruta del sector público se situó en 18.12 billones de pesos, pero el ajuste a 17.54 billones en enero de 2025 responde a factores como la apreciación del peso y el manejo de vencimientos. Del total, el 83.9% corresponde a deuda interna, principalmente contratada a tasa fija y con plazos largos, lo que ofrece cierta estabilidad frente a volatilidad externa. Sin embargo, el 47.2% del Producto Interno Bruto (PIB) que representa esta deuda está cerca del umbral que expertos consideran riesgoso para economías emergentes como la mexicana.
Para los lectores mexicanos, este nivel de endeudamiento puede traducirse en un dato tangible: cada uno de los aproximadamente 130 millones de habitantes del país cargaría con una deuda promedio de 134 mil pesos si se dividiera el monto total entre la población. Aunque no es una deuda que los ciudadanos paguen directamente de sus bolsillos, sí tiene implicaciones reales. Por esempio, en 2024, el costo financiero —es decir, los intereses que el gobierno paga por esta deuda— superó los 900 mil millones de pesos, equivalente a casi tres veces el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública. Esto significa que una parte importante de los impuestos que pagan los mexicanos se destina a cubrir intereses en lugar de invertirse en infraestructura, salud o educación.
El crecimiento de la deuda también genera preocupación por la presión tributaria futura. Mientras países como Estados Unidos recaudan el 25% de su PIB en impuestos, en México esta cifra ronda el 15%, lo que limita los ingresos del gobierno y lo obliga a depender más del endeudamiento. Con tasas de interés locales en 10% frente al 3.5% en economías desarrolladas, el costo de la deuda mexicana es significativamente mayor, lo que podría traducirse en mayores impuestos o recortes en el gasto público en los próximos años.
A pesar de estos retos, Hacienda asegura que la deuda sigue siendo sostenible gracias al crecimiento económico y la disciplina fiscal. Sin embargo, el panorama económico global, con tasas de interés altas y riesgos geopolíticos, exige cautela. Para los ciudadanos, el mensaje es claro: la deuda pública no es solo un número en un informe, sino un factor que podría moldear el futuro de sus finanzas personales, desde el precio de los servicios básicos hasta las oportunidades de desarrollo que el país pueda ofrecer a las próximas generaciones. Habrá que seguir de cerca las decisiones del gobierno para entender cómo este peso se distribuye en el bolsillo de todos.
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