La reforma al Poder Judicial empieza a mostrar sus efectos negativos, como es la crisis constitucional a la que nos acercamos al modificar la Constitución para restarle facultades a la Suprema Corte, además de que la elección en 2025 para elegir jueces y magistrados costará más de 13 mil millones de pesos –recursos que servirían mejor en medicamentos o seguridad pública– y, de acuerdo a notas recientes la votación tomará mucho tiempo a los ciudadanos que participen.
En entrevista con Reforma, el consejero electoral Arturo Castillo calculó que cada ciudadano tendría que elegir en promedio entre 52 cargos (Ministros, Magistrados y Jueces) de una lista de 405 candidatos, lo que les llevaría alrededor 20 minutos puesto que tendrá que elegir entre los 881 cargos judiciales en juego, de los cuales se dividen en Ministros de la Suprema Corte, Magistrados electorales y de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito lo que significa que habrá hasta 5 mil 100 candidatos, por ejemplo, en la CDMX, cada votante tendría que elegir hasta 200 cargos, mientras que en Colima serían unos 26.
Pero incluso para simpatizantes de la 4T, la reforma al Poder Judicial es una manzana envenenada que hereda una crisis a la presidenta Claudia Sheinbaum, como sostuvo en sus redes sociales Hernán Gómez Bruera, quien escribió: «por más que le doy vueltas, sigo sin poder entender porqué @lopezobrador_, el mayor líder social y político de nuestra historia reciente, decidió heredarle a su sucesora una crisis constitucional y política de estas dimensiones. ¿Por qué decidió dejarle a @Claudiashein una manzana envenenada como es esta reforma judicial? La verdad, me solidarizo con la presidenta. No debe ser nada fácil tener que comenzar así tu mandato pudiendo haber sido todo tan diferente».
En columnas periodísticas se mencionó que Claudia Sheinbaum no estaba de acuerdo con la reforma y que, incluso, pidió retrasarla, pero una orden de López Obrador obligó a acelerar todo presentando una iniciativa con errores de redacción, contradicciones en sus articulos y con la amenaza de hacer retroactiva una ley, algo que se prohibe expresamente en la Constitución.
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