- En apenas nueve meses, 38 estados aprobaron 106 nuevas leyes migratorias.
El análisis de las 106 leyes estatales aprobadas en 38 estados, en lo que va del año, evidencia que la política migratoria dejó de ser un debate nacional para transformarse en un mosaico fragmentado donde cada estado define su propio rumbo. La fotografía revela una tensión creciente: mientras algunos territorios han cerrado sus puertas con normativas restrictivas, otros han limitado su accionar, reduciendo incluso las iniciativas que en años pasados ofrecían ventanas de inclusión.
El abogado de trabajadores inmigrantes Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., lo resume así: “el número total de leyes no es lo único relevante, lo que realmente preocupa es la orientación que están tomando. Se percibe un cambio estructural en la manera en que los Estados abordan la inmigración”. Según el análisis, el 51 % de la normativa aprobada en 2025 es restrictiva, frente a un 44 % favorable y apenas un 5 % neutral.
El contraste con 2024 es significativo: ese año se aprobaron 137 leyes, con un balance que permitió cierta apertura en salud, educación y programas sociales. En 2025, en cambio, la prioridad es la vigilancia migratoria, el control sobre permisos laborales y la regulación del voto.
“La agenda estatal dejó de lado la inclusión y ahora se mueve casi exclusivamente hacia el cumplimiento de la ley de inmigración”, sostiene el abogado Quiroga.
Florida y Texas endurecen; California y Nueva York pierden protagonismo en la agenda migratoria
Estados como Florida, Texas e Idaho encabezan la lista de normativas más restrictivas. Florida pasó de cinco leyes en 2024 a ocho en 2025. Texas, sin antecedentes legislativos recientes, sumó cuatro normas que endurecen la aplicación de controles y amplían facultades estatales. Idaho, con seis leyes más drásticas en la regulación de la migración.
En constante, California, Nueva York e Illinois, que en 2024 que se caracterizaron por la promulgación de leyes favorables y protectoras, para la vigencia de 2025 su producción es insignificante. Sin embargo, para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, “la caída en estados progresistas no significa que se hayan vuelto restrictivos, sino que han perdido protagonismo en la agenda migratoria frente al avance de normativas más duras en el Sur y el centro del país”.
En el ámbito regional, tres de cuatro leyes aprobadas en 2025, refuerzan una línea de endurecimiento, especialmente en estados con gobiernos republicanos, mientras que en los demócratas tienden a aprobar medidas en educación, salud o presupuesto, sin contrarrestar el avance del enfoque restrictivo.
Un mismo país, dos realidades: los migrantes pagan el costo de la fragmentación legal.
Mientras en Virginia se aprueban leyes que protegen a los arrendatarios de preguntas sobre su estatus migratorio, en Florida se criminaliza el intentar votar sin ciudadanía, y en Texas las autoridades locales detienen y deportan; siendo esto una competencia federal: “El ciudadano de a pie no percibe estas normas como debates abstractos: lo siente cuando no puede acceder a un empleo formal o renovar un documento, cuando pierde acceso a un servicio o cuando aumenta su exposición a sanciones”, puntualizó el abogado Quiroga.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha instaurado demandas contra estas regulaciones y, para casos como Florida, Texas e Idaho se cuestiona la constitucionalidad de tales normatividades, generando desequilibrios para un país fragmentado, donde una persona migrante puede encontrar refugio en un estado y enfrentar criminalización en otro. Representado una transformación en el manejo la política migratoria, marcando una proyección de endurecimiento estructural para los próximos años.
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Acerca de Quiroga Law Office, PLLC.
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