La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada formalmente para 2026 pero con preparativos intensos en 2025, representa una oportunidad crítica para reposicionar a México en la integración norteamericana. Sin embargo, un obstáculo estructural persiste: la ausencia de un proyecto integral de modernización industrial y agropecuaria. Este vacío condena al país a seguir como el «pariente pobre» del bloque, dependiente de exportaciones de bajo valor agregado y vulnerable a disputas comerciales. Mientras la ideología de la Cuarta Transformación (4T) prioriza la soberanía nacional sobre el pragmatismo económico, México arriesga ceder terreno a competidores regionales, perpetuando desigualdades que limitan su desarrollo.
El T-MEC, vigente desde 2020, ha impulsado un comercio trilateral de más de 1.2 billones de dólares anuales, con México como segundo socio de EE.UU. tras China. No obstante, el desbalance es evidente: el 80% de las exportaciones mexicanas son manufactureras de ensamblaje, con escaso contenido regional valor (CRV), lo que genera déficits en cadenas de suministro avanzadas. En el sector agropecuario, la situación es aún más precaria. Las exportaciones agroalimentarias cayeron 4.4% en los primeros siete meses de 2025, afectadas por plagas como la mosca barrenador, aranceles en tomates y tensiones por el T-MEC. Productores exigen retirar granos básicos del tratado para fomentar la soberanía alimentaria, argumentando que el libre comercio ha devastado el campo mexicano, similar al impacto del TLCAN.
La falta de modernización se agrava por disputas pendientes. En febrero de 2025, México retiró su prohibición a importaciones de maíz transgénico tras un fallo del panel de solución de controversias del T-MEC, un revés para la agenda ambiental de la 4T. En lácteos y energía, EE.UU. presiona por mayor apertura, mientras México defiende restricciones ideológicas en hidrocarburos que chocan con las reglas de inversión del tratado. Expertos advierten que sin un plan estratégico —como elevar el CRV al 75% en automotriz o invertir en biotecnología agropecuaria—, el país no cumplirá metas del Plan México, que busca 15% más de contenido nacional en seis sectores clave. La revisión de 2025, impulsada por presiones electorales en EE.UU., podría imponer aranceles o cláusulas asimétricas, exacerbando la brecha: México contribuye solo el 15% del PIB regional, frente al 70% de EE.UU.
Aquí radica el dilema ideológico: la 4T, con su énfasis en la transformación económica endógena, ha avanzado en batallas discursivas, pero rezaga la implementación. Políticas como la reforma energética nacionalista limitan el nearshoring, mientras la modernización del Acuerdo Global UE-México avanza sin chocar con dogmas. En X, legisladores urgen globalizarse ante la «renegociación incierta», pero el debate prioriza soberanía sobre competitividad. Esta rigidez ideológica antepone retórica a reformas pragmáticas: alianzas público-privadas para innovación industrial, subsidios focalizados en agroexportaciones de alto valor y capacitación laboral para IA en manufactura.
Sin un viraje hacia el sentido común —integrando ideales soberanistas con integración competitiva—, México perpetuará su rol marginal. La renegociación no es solo técnica; es un referendo sobre si la 4T puede trascender la ideología para forjar prosperidad inclusiva. De lo contrario, el «pariente pobre» se convertirá en un lastre regional, con costos sociales y económicos que la historia no perdonará.
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