En el tenso panorama de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, una reciente declaración del senador estadounidense Ted Cruz ha reavivado debates sobre la cooperación en la lucha contra los cárteles de la droga. El senador, en un contexto de creciente presión de la administración Trump, instó al gobierno mexicano a «acepten nuestra ayuda contra los cárteles, como amigos», enfatizando una colaboración amistosa, pero firme para combatir el narcotráfico que afecta a ambos países. Esta propuesta surge en medio de una escalada en la designación de carteles como organizaciones terroristas por parte de Washington, lo que abre la puerta a posibles acciones militares o de inteligencia más agresivas. Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido un rechazo rotundo, argumentando que cualquier intervención viola la soberanía nacional y evoca intervenciones históricas del norte del Río Bravo.
El rechazo oficial se enmarca en una política de «México Primero», heredada del anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la estrategia de «abrazos, no balazos» para evitar confrontaciones directas que escalen la violencia. Sheinbaum ha insistido en que México no permitirá «ninguna invasión» ni subordinación a intereses extranjeros, priorizando operaciones internas como el despliegue de miles de tropas contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente, México ha extraditado a 26 líderes de carteles a Estados Unidos y ha intensificado decomisos de fentanilo, logrando una reducción del 50% en incautaciones en la frontera, según datos de la administración Sheinbaum. No obstante, incidentes como la reciente pelea en el Senado mexicano entre opositores y aliados del gobierno, desencadenada por debates sobre intervención estadounidense, ilustran la polarización interna. Senadores de la oposición, como Lily Téllez del PAN, han abogado por mayor cooperación, acusando al gobierno de Morena de poner excusas para proteger supuestos «socios criminales».
Entre la ciudadanía mexicana, esta negativa ha generado suspicacias profundas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la postura oficial. Encuestas como la de Reforma de finales de 2024 revelan que, aunque el 46% de los mexicanos apoya la colaboración con EE.UU., un 50% se opone, temiendo una pérdida de autonomía. Las dudas se centran en alegaciones de corrupción sistémica: informes de la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU. han documentado nexos entre funcionarios mexicanos y carteles, incluyendo casos de sobornos a altos mandos como el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, sentenciado a 38 años en 2024 por alianzas con el Cártel de Sinaloa. En 2025, un escándalo en Tabasco involucra a exfuncionarios cercanos a Morena, acusados de liderar grupos criminales, lo que ha alimentado percepciones de que el rechazo a la ayuda estadounidense podría encubrir complicidades internas. Analistas argumentan que México no es un «Estado fallido» como Afganistán, pero la infiltración de carteles en instituciones estatales —desde policías locales hasta posibles vínculos con asesores presidenciales— genera desconfianza. La ciudadanía, afectada por más de 460,000 homicidios desde 2006, se pregunta si la negativa es un acto de orgullo nacional o una maniobra para preservar equilibrios corruptos que permiten a los carteles operar con impunidad.
Desde una perspectiva bilateral, esta tensión complica esfuerzos conjuntos como la Iniciativa Mérida, que ha invertido miles de millones en modernizar fuerzas de seguridad mexicanas. EE.UU., por su parte, ha impuesto sanciones y aranceles para presionar, mientras México responde con demandas para compartir bienes decomisados de narcotraficantes, como los 15 mil millones de dólares de Ismael «El Mayo» Zambada. Expertos del Atlantic Council advierten que una intervención unilateral de EE.UU. podría provocar retaliaciones de carteles en territorio americano, incluyendo ciberataques o violencia en comunidades fronterizas. Para mitigar riesgos, sugieren fortalecer alianzas de inteligencia sin violar soberanías, abordando la corrupción raíz del problema.
En resumen, la declaración del senador estadounidense resalta la paradoja de una cooperación necesaria pero conflictiva. Mientras el gobierno mexicano defiende su autonomía, la ciudadanía demanda transparencia para disipar sospechas de que la negativa oculta agendas ocultas. Solo una depuración interna y diálogos francos podrían restaurar la confianza mutua y frenar la hemorragia de violencia que cobra miles de vidas anualmente en ambos lados de la frontera.
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