El respaldo de Acción Nacional a la reforma al 21 Constitucional responde al rotundo fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por la administración anterior, señaló el senador Mario Vázquez. El legislador advirtió que, para obtener resultados diferentes en seguridad, es necesario aplicar acciones diferentes, lo que hace urgente un cambio en el enfoque de la política pública. «Esta reforma busca transformar el enfoque de seguridad y devolver la tranquilidad a las familias mexicanas», subrayó.
El fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” es evidente y ha sido señalado por diversos sectores, incluyendo actores internacionales. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha destacado en reiteradas ocasiones el aumento alarmante de la violencia en México, a pesar de las promesas del gobierno de López Obrador. Los resultados de esta política son devastadores: más de 200 mil homicidios, más de 50 mil desaparecidos y municipios sumidos en la violencia. Además, se registró la proliferación de al menos 20 nuevos grupos criminales, detalló el legislador por Chihuahua.
“No podemos seguir con promesas vacías mientras la violencia crece”, expresó Vázquez. Por ello, destacó el apoyo de Acción Nacional a la reforma al 21 Constitucional como un primer paso hacia el cambio de dirección en la política de seguridad. Esta reforma busca recuperar la paz en México y fortalecer la coordinación efectiva entre niveles de gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad.
El senador también criticó fuertemente la negación de la realidad por parte del gobierno anterior, que ignoró la magnitud de la crisis de seguridad. “La estrategia fracasó al basarse en una negación de la realidad y en la militarización de la seguridad”, subrayó Vázquez. Mientras el gobierno federal centraba el control en el Ejército, las policías locales fueron abandonadas. De hecho, por cada peso destinado a las policías locales, la Guardia Nacional recibió tres veces más, mientras que el FORTASEG, fondo crucial para las autoridades locales, fue eliminado, lo que dejó a los municipios sin recursos para enfrentar la violencia.
«En 2018, los recursos de seguridad para los gobiernos locales sumaban 12 mil millones de pesos; en 2022, esa cifra descendió a menos de 8 mil millones. Y, mientras tanto, se prefirió gastar 550 mil millones de pesos en un tren, 70 veces más que en seguridad pública”, denunció Vázquez. Este desajuste de prioridades agravó la crisis de seguridad en muchas regiones del país.
Vázquez afirmó que la reforma al 21 Constitucional marca un giro hacia el fortalecimiento de la inteligencia, la tecnología y un mando civil en la seguridad pública, lo que aleja la idea de seguir priorizando la militarización. “La reforma apuesta por un enfoque moderno que utiliza herramientas efectivas para combatir el crimen, no la militarización”, destacó el senador, quien también se comprometió a colaborar con los gobiernos locales en la implementación de este cambio.
Finalmente, el senador hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, instándolos a reconocer que la responsabilidad de la seguridad no recae únicamente en los gobiernos locales. “La Federación también debe asumir su responsabilidad en el próximo presupuesto, con la recuperación del FORTASEG y mayores recursos para las policías locales. Basta de centralización y militarización”, agregó.
Como representante de Chihuahua, Vázquez recordó la importancia de respetar el Pacto Federal, garantizando que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la violencia que azota a las comunidades. “Los municipios no deben quedarse a su suerte. Nosotros seremos los primeros en cooperar, pero también en señalar deficiencias”, concluyó.
Acción Nacional apoyará todo aquello que sea positivo para la seguridad de las personas: Guadalupe Murguía
El Partido Acción Nacional apoyará todo aquello que sea positivo para la seguridad de las personas y de las familias, aseguró la Coordinadora del Grupo Parlamentario, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
Sin embargo, afirmó que en la estrategia de seguridad no basta solamente atender las causas fundamentales del problema, sino que es necesario llevar a cabo acciones de seguridad, de investigación, de inteligencia, de coordinación entre el ámbito federal, estatal, municipal y sobre todo asignar recursos también a las entidades federativas y a los municipios.
Al presentar el posicionamiento del GPPAN, respecto al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, que reforma el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, la senadora hizo énfasis a la facultad que tendrá la secretaría para hacer auditoría de recursos a estados y municipios.
Recordó al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG, que en el 2018 tenía 5 mil millones de pesos y en el 2012 no se les asignaron recursos, por lo que subrayó la importancia de un fondo para atender la seguridad y acciones de fortalecimiento municipal.
En su intervención, destacó que la estrategia nacional de seguridad representa un cambio de timón muy importante y “lo celebramos”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, indicó, la inseguridad es el principal problema de los mexicanos y se registra un índice de impunidad en los delitos cometidos del 99 por ciento, por lo expresó su aprobación por este nuevo enfoque a la seguridad.
En su intervención, también destacó que se fortalezca a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, así como la coordinación y la cooperación institucional entre la propia federación, los estados y los municipios, además de que se investigue el delito como debe ser, bajo el mando y coordinación del Ministerio Público.
Respecto a que la Secretaría de Seguridad formule la estrategia nacional de seguridad y tenga a su cargo también el Sistema Nacional de Inteligencia, advirtió que resulta fundamental cuidar los derechos humanos, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales en las funciones de inteligencia.
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