En las redes sociales de este martes no se habla de otra cosa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos metió en su lista negra a Carlos Torres, el que hasta hace poco era esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Lo acusan de haber usado su influencia política para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa y protegerlas de las autoridades. Según la versión estadounidense, Torres andaba de la mano con una facción conocida como Los Rusos, que opera en Mexicali, y recibía pagos para que el grupo trabajara con cierta impunidad en el estado. Su hermano también aparece en la misma lista, junto con un exjefe de Seguridad Pública de Mexicali y varias empresas.
El gobierno de Baja California salió rapidito a marcar distancia. Dicen que Marina está legalmente divorciada de Torres, que ya no tienen relación financiera ni administrativa, y que el único vínculo que les queda es el de su hijo. Suena limpio, de manual. Pero en las redes la gente no se traga el cuento tan fácil. Porque las fechas no cuadran y eso es lo que más se comenta.
Resulta que en mayo de 2025 Estados Unidos le quitó la visa a Carlos Torres. En ese momento todavía era el esposo de la gobernadora. Y ella no se quedó callada: salió a defenderlo en redes. “Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político”, escribió entonces. Ahora el mismo Departamento del Tesoro revela que aquella visa se la retiraron precisamente por su presunta afiliación y trabajo a favor del Cártel de Sinaloa. El divorcio llegó meses después, en octubre de 2025. En las publicaciones y comentarios de usuarios se lee por todos lados la misma duda: ¿por qué se separaron justo después de que le quitaron la visa y cuando ya se veía venir el problema? Hay quienes hablan de “divorcio por conveniencia”. Otros dicen que es puro ruido político. Lo cierto es que esas versiones circulan fuerte y ninguna autoridad las ha cerrado del todo.
En X, Facebook y comentarios de notas se repiten frases como “primero la visa, luego el divorcio y ahora la sanción”, o “mientras estaba casado lo defendía y ahora se lava las manos”. Hay usuarios que recuerdan que Torres tuvo un cargo honorario en el gobierno estatal y que su círculo cercano también aparece señalado. Otros, más cautelosos, advierten que se trata de acusaciones de un gobierno extranjero, que todavía no hay sentencia en México y que todo puede ser parte de una disputa política. El propio Torres salió a negar cualquier vínculo con grupos criminales y a decir que su conciencia está tranquila. El gobierno estatal insiste en que Marina no está en la lista de sancionados y que ya revisarán si alguna de las empresas mencionadas tuvo contratos con el estado.
Lo que queda claro en el espacio digital es que el tema no se va a quedar en un comunicado. Las redes están llenas de capturas del mensaje de respaldo que Marina publicó en 2025, de comparaciones de fechas y de sospechas que van y vienen. Unos ven una red de corrupción que llegó hasta el círculo más cercano del poder en Baja California. Otros lo toman como un ataque más contra el gobierno de Morena. Mientras tanto, Hacienda ya bloqueó en México a los mismos nombres que señaló Estados Unidos, y la conversación sigue creciendo.
Como siempre en estas cosas, hay versiones confirmadas, otras que apenas empiezan a circular y muchas que se quedan en el terreno del rumor y el comentario de usuario. Lo que nadie puede negar es que las fechas están ahí, a la vista de todos, y que en las redes ya se convirtieron en el centro de la discusión.
