Los gobiernos liderados por Morena manejan las crisis, particularmente en el contexto de desastres naturales como las recientes inundaciones que han azotado varios estados de México en octubre de 2025 como si fuera un simple discurso en el que se pueden utilizar eufemismos para tapar la realidad. Estas catástrofes han dejado un saldo trágico: al menos 44 muertos reportados, miles de damnificados y daños extensos en infraestructura, principalmente en entidades como Veracruz, Guerrero y el Estado de México. A pesar de los avisos previos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que alertaron sobre lluvias intensas y fenómenos atípicos asociados a frentes fríos y huracanes, las autoridades federales y estatales han optado por una narrativa que minimiza su responsabilidad, atribuyendo los estragos exclusivamente a factores impredecibles del clima.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del 13 de octubre, enfatizó la coordinación entre gobiernos federal, estatales y municipales para atender a la población afectada, asegurando que hay recursos suficientes, incluyendo una partida de 19 mil millones de pesos para emergencias. Sin embargo, esta respuesta llega en medio de críticas por la lentitud en la acción inicial y la ausencia de mecanismos preventivos robustos. Sheinbaum desestimó las quejas virales en redes sociales, calificándolas de «saña y malicia» por parte de opositores, y convocó a gobernadores de los estados más impactados para un plan de respuesta. Esta postura refleja un patrón en Morena: evitar admitir irregularidades o errores en la gestión, prefiriendo culpar a elementos externos como «lluvias atípicas» que, según ellos, no se pudieron anticipar a pesar de las predicciones del SMN.
Un ejemplo claro es la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, sin un reemplazo efectivo, lo que ha dejado a los gobiernos locales rebasados ante emergencias climáticas. Partidos opositores como el PAN han cuestionado esta decisión, destacando que Morena prioriza narrativas positivas sobre acciones concretas. En Veracruz, bajo la gobernadora Rocío Nahle, las inundaciones han sido manejadas con silencio inicial y omisiones, lo que algunos dentro de Morena interpretan como una pérdida de enfoque. Cuando las autoridades visitan las zonas de desastre, como en casos recientes donde damnificados confrontaron a Sheinbaum sobre personas desaparecidas y falta de apoyo inmediato, la realidad estalla: reclamos públicos revelan la desconexión entre el discurso oficial y la experiencia ciudadana.
Este enfoque se alinea con el concepto de «otros datos» popularizado por López Obrador, una herramienta retórica para contrarrestar evidencias negativas con métricas alternativas que ocultan problemas estructurales. En el contexto de las inundaciones, se invoca para afirmar que todo está bajo control, ignorando reportes independientes sobre deficiencias en alertas tempranas, drenajes obsoletos y urbanización descontrolada que agravan los riesgos. Analistas coinciden en que esta negación perpetua un ciclo de impunidad, donde la transparencia se sacrifica por la cohesión partidista. Morena, al dominar el poder ejecutivo federal y varios estatales, tiene la oportunidad de implementar reformas preventivas, como invertir en infraestructura resiliente al cambio climático, pero persiste en una defensa reactiva.
En conclusión, las inundaciones de 2025 exponen una debilidad sistémica en la gobernanza de Morena: la renuencia a aceptar fallos erosiona la confianza pública y retrasa soluciones reales. Para avanzar, se requiere transparencia y autocrítica, elementos ausentes en la actual dinámica política. Solo así se podría mitigar el impacto de futuras crisis en un país vulnerable a eventos meteorológicos extremos.
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