Las recientes declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien afirmó que México fue «acreditado como un ‘narcogobierno'» durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), más que generar debate muestran que el exmandatario sigue siendo el recurso retórico favorito de este partido para desviar la atención de lo que realmente sucede en el país.
Esta afirmación surge en un contexto de crecientes escándalos que involucran a figuras de la Cuarta Transformación (4T), como la carta de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa que involucra al gobernador de la entidad, y el caso «La Barredora» relacionado con Adán Augusto López Hernández. A pesar de estos elementos, Alcalde parece enfocar la narrativa en el pasado panista, lo que podría interpretarse como una estrategia para desviar la atención de los desafíos actuales en materia de seguridad y narcotráfico.
Primero, contextualicemos la declaración de Alcalde. En un evento reciente en la Ciudad de México, la líder morenista utilizó el término «narcogobierno» para referirse a la administración de Calderón, recordando las acusaciones de vínculos entre el expresidente y el narcotráfico que circularon internacionalmente durante su mandato. Calderón, conocido por su estrategia de «guerra contra el narco», vio un incremento en la violencia, con más de 120,000 homicidios relacionados con el crimen organizado, y reportes de la DEA que sugerían posibles nexos con cárteles como Los Zetas, además del caso de Genaro García Luna. Para los morenistas, Calderón sigue siendo el «villano favorito», un recurso retórico efectivo para movilizar a su base electoral, que asocia el panismo con corrupción y fracaso en seguridad. Sin embargo, esta narrativa ignora el contexto contemporáneo, donde México enfrenta evidencias de infiltración similar o mayor en el presente.
Un caso emblemático es la carta atribuida a «El Mayo» Zambada, quien, en 2024, tras su captura en EE.UU., habría señalado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (de Morena), como un interlocutor en negociaciones informales para mantener la paz en el estado. Según reportes de medios como Proceso y El Universal, Zambada describió a Rocha como un «facilitador» en acuerdos que datan de la época de AMLO, sugiriendo que el gobierno estatal toleraba ciertas operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de estabilidad. Rocha, quien asumió el cargo en 2021, ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de «calumnias» orquestadas por la oposición y el gobierno de EE.UU. No obstante, la carta, filtrada en redes y citada en audiencias judiciales estadounidenses, ha generado un escándalo que cuestiona la soberanía y la integridad de la 4T en uno de los bastiones del narco.
Otro elemento clave es el caso «La Barredora», una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que involucra a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y contendiente presidencial de Morena. Revelado en 2023, el caso alega que López Hernández contrató a Hernán Bermúdez Requena quien formaba parte de una red de protección a intereses delictivos, incluyendo lavado de dinero y nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
López Hernández ha rechazado las imputaciones, argumentando persecución política, pero el caso ha sido vinculado a arrestos de colaboradores cercanos y ha dañado la imagen de Morena como partido «austero y honesto».
Finalmente, no se puede ignorar el crecimiento exponencial de los cárteles durante el sexenio de AMLO. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos aumentaron un 20% entre 2018 y 2024, alcanzando picos de 36,000 anuales, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que el territorio controlado por cárteles se expandió en un 35%, con el CJNG y el Cártel de Sinaloa diversificando operaciones hacia el fentanilo y la migración. Informes de la ONU y EE.UU. destacan que la política de «abrazos, no balazos» no redujo la influencia del crimen organizado, sino que permitió su fortalecimiento, con estimaciones de que el narco genera hasta 50 mil millones de dólares anuales en México. En este marco, la insistencia de Alcalde en culpar a Calderón parece una maniobra distractora, desviando el foco de la realidad actual donde Morena gobierna y enfrenta críticas por supuesta complicidad.
En conclusión, aunque la etiqueta de «narcogobierno» aplicada a Calderón tiene bases históricas, su uso por Alcalde resalta una hipocresía en la 4T. Los escándalos recientes no solo erosionan la credibilidad de Morena, sino que exigen una reflexión profunda sobre la estrategia de seguridad. México necesita transparencia y acciones concretas, no más narrativas divisivas que perpetúen la impunidad.
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