Por México Evalúa
Estamos bajo una combinación nociva. Por un lado, un Gobierno que se aleja de la transparencia, los contrapesos y la rendición de cuentas. Por el otro, un régimen criminal que en algunas regiones suplanta al Estado. En este contexto, la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial, por su mal diseño, se ha convertido en el símbolo de un gobierno que prioriza el poder sobre los derechos de las personas.
La situación se agrava con el Paquete Económico 2025 que opta por recortes que profundizan no sólo la desigualdad, sino la violencia e inseguridad de la ciudadanía. Las dependencias que atienden la salud de la población más vulnerable, como el IMSS-Bienestar, sufrirán los mayores impactos. De la misma manera, se avizoran recortes a la seguridad en uno de los periodos más violentos de la lucha entre facciones del crimen organizado. Mientras tanto, el gasto en proyectos emblemáticos como el Tren Maya, o el incremento de las pensiones no contributivas (los apoyos y pensiones del Bienestar) ha alcanzado niveles históricos.
Todo lo anterior refuerza la percepción de un gobierno que prefiere acumular poder y construir clientelas políticas, antes que hacerse responsable de sus funciones como Estado moderno.
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