La firma de las leyes secundarias al sector energético, realizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del 87 Aniversario de la Expropiación Petrolera, representan la recuperación de la soberanía perdida en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al devolver su carácter de empresas públicas del Estado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero al incluir en sus fundamentos el concepto de “justicia energética”, se deberán resarcir muchos de los daños sociales ocasionados por los gobiernos neoliberales del PRIAN, como son los abusos cometidos a usuarios de escasos recursos a los que Felipe Calderón les impuso cobros abusivos en sus recibos de luz, tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro, en el 2009.
Esa “justicia energética” deberá implicar atender muchos otros temas pendientes si es que se busca cumplir a cabalidad con los postulados contenidos en las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, entre las que destacan priorizar la seguridad energética nacional para el bienestar de la población.
Lo usuarios que por más de una década han padecido los nocivos efectos del desmantelamiento de la industria eléctrica nacional durante los gobiernos panistas, acrecentados con la Reforma Energética del 2013, se preguntan si con esta reforma se frenarán los incrementos mensuales a sus recibos, como también los cortes masivos a colonias populares apoyados de manera ilógica por elementos de la Guardia Nacional, como se hicieron costumbre durante la gestión en CFE de Manuel Bartlett Díaz y su nefasto Director de Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo.
Hasta hoy, sigue vigente la petición de justicia por la que ha venido luchando la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), para que los llamados “recibos locos” generados por la entonces mal llamada “Empresa de Clase Mundial”, en el gobierno de Calderón, sean cancelados en un por demás justo “borrón y cuenta nueva”.
El espíritu nacionalista que ha alentado la recuperación de la rectoría del Estado en el sector energético, solo podrá materializarse en los hechos si implica una auténtica justicia social a los que menos tienen y que de manera inexplicable fueron tratados como delincuentes tanto por los PRIANISTAS que dirigieron la CFE, como por el propio Bartlett y sus funcionarios.
Otro de los puntos de especial relevancia de las reformas es la creación de la Comisión Nacional de Energía, que como órgano administrativo desconcentrado, sustituirá a organismos como la Comisión Reguladora de Energía. Es de esperarse que esta comisión analice asuntos pendientes como la aplicación de los costos fijos por el uso de la red de transmisión, distribución, pérdidas del sistema o el impuesto de derecho al alumbrado público, e incluso la llamada tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo), creada en la administración de Vicente Fox.
Otra de las cajas negras que deberán abrirse con las leyes secundarias, será la de los contratos leoninos que fueron otorgadas a empresas privadas, sobre todo trasnacionales, por los gobiernos neoliberales y que no solo les dieron manga ancha para la generación de electricidad, sino para su compra obligada por parte de la CFE y cuyos montos pactados a 20 años, superan el billón de pesos.
La “justicia energética” debe contemplar además el establecimiento de una tarifa social que garantice la electricidad como un derecho humano a un bajo costo para el pueblo de México, como también, la reinserción laboral a los agremiados del SME, despedidos ilegalmente por el espurio Felipe Calderón, de otra forma el concepto estará incompleto en su sentido nacionalista.
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